El Gobierno nacional oficializó su estrategia de manejo de deuda para 2026 con la expedición del Decreto 1478 de 2025, que autoriza la creación y emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B.
Esa norma faculta al Ministerio de Hacienda para acudir al mercado de capitales con el objetivo de cubrir las necesidades fiscales del próximo año, en un contexto de mayores presiones sobre las finanzas públicas.
Los TES no son otra cosa que préstamos que el Gobierno le pide a inversionistas, como bancos, fondos de inversión o incluso personas. A cambio, el Gobierno se compromete a devolver ese dinero en el futuro y pagar intereses, algo parecido a cuando una persona saca un crédito con un banco.
Esta norma le permite al Ministerio de Hacienda salir a buscar hasta 85,25 billones de pesos para pagar los gastos normales del país en 2026, como funcionamiento del Estado, programas sociales y obras públicas.
Además, ese decreto autoriza 67 billones de pesos más para tener dinero disponible de forma rápida, con el fin de cumplir a tiempo con pagos urgentes, como salarios, transferencias o deudas, es decir un total de 152 billones de pesos.
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Características de los TES Clase B autorizados para 2026
El documento establece que los TES podrán emitirse en moneda nacional, moneda extranjera o en UVR, lo que brinda flexibilidad al Gobierno para adaptarse a las condiciones del mercado financiero. Estos títulos serán de libre negociación en el mercado de capitales, permitiendo su compra y venta por parte de inversionistas locales e internacionales.
El documento también define las condiciones generales de estos instrumentos, incluyendo plazos, tasas de interés y mecanismos de administración, y precisa que su redención se realizará con cargo a recursos futuros de la Nación, como es habitual en este tipo de endeudamiento soberano.
Tasas en máximos: el contraste frente a 2022
Al comparar las tasas actuales con las de comienzos de 2022, el deterioro en las condiciones de financiamiento es evidente. Los rendimientos de los TES se ubican hoy en niveles de doble dígito, todos por encima del 11%.
En particular, los bonos a 10 años, una de las referencias más relevantes de la deuda pública de largo plazo, se negocian alrededor del 13,2%. Esto representa un aumento de más de 460 puntos básicos, equivalente a un incremento cercano al 53%, frente a inicios de 2022, cuando la tasa rondaba el 8,6%, según datos de La República.
Este escenario implica que, aunque el Decreto 1478 de 2025 garantiza las herramientas legales para financiar el presupuesto y la liquidez del Estado, el costo de hacerlo será significativamente mayor.
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