Quienes paguen las obligaciones por las que han sido reportados en los próximos 12 meses, permanecerán con dicha información negativa en los bancos de datos por máximo seis meses. Una vez se cumpla este periodo, la mala calificación deberá ser retirada automáticamente por las centrales de riesgo.

Este es uno de los principales beneficios que se tendrán con la entrada en vigencia de la llamada ‘Ley de borrón y cuenta nueva’.

La iniciativa busca, además, que una vez pagada la obligación, las personas que tengan clasificación Mypyme, sean del sector turismo, pequeños productores del sector agropecuario, personas naturales que ejerzan actividades comerciales, independientes o deudores del Icetex, salgan de manera inmediata del reporte.

La ley, que le falta el último filtro legal para quedar en firme, busca beneficiar a las personas que no han podido cumplir con sus obligaciones y fueron reportados en centrales de riesgo.

Además, quienes ya se hayan puesto al día no tengan que esperar, como hasta el momento, el doble del tiempo reportado para borrar el reporte negativo y de esa manera reintegrar el sistema financiero a cerca de 5 millones de personas que permanecen reportadas.

Otro de los cambios que se plantea es la permanencia, para aquellas personas que nunca cancelan su deuda que ahora se borrará el reporte negativo a los 8 años y anteriormente era a los 14.

Así mismo propone un cambio en el acceso gratuito a la historia de crédito, ya que en este momento solo se puede acceder gratis una vez al mes, la ley propone que lo puedan hacer de esta manera en cualquier momento.

Especifican también que antes de reportarle una obligación de menos de 130.000 pesos, quien va a mandar el reporte tiene que avisarle al menos dos veces y si es más de 135.000 pesos tiene que avisarle al menos una vez, si no le hace el aviso ese reporte es ilegal y se lo tienen que borrar.

Otras novedades

• Las centrales de riesgo tendrán tres meses para eliminar los reportes negativos de los deudores que hayan superado los 10 años, contados a partir de la fecha del reporte de incumplimiento informada por el usuario.
• Las fuentes de información deberán reportar al operador, como mínimo una vez al mes, las novedades acerca de los datos para que este los actualice en el menor tiempo posible, es decir, actualizar y rectificar los datos.
• Se exige que las entidades financieras justifiquen al usuario por qué le niegan un crédito y, por ninguna razón, lo podrán denegar solamente por el análisis del historial crediticio.
• Prohíben el uso del historial crediticio para la toma de decisiones laborales de contratación (salvo en casos en el sector financiero o cooperativo).
• En caso de falsedad o suplantación personal que genere una afectación en el historial crediticio de un usuario y que dicho reporte le exija el pago de la deuda a la víctima, el titular de la cuenta deberá presentar una petición de corrección ante la central de riesgo (adjuntando los soportes correspondientes) y denunciar el delito de estafa, si así lo considera.
• Se creará una aplicación gratuita para que los titulares registren su correo y reciban comunicaciones cuando se les reporte una nueva obligación en su historial de crédito en menos de cinco días hábiles.