El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, por fin presentó el proyecto denominado Ley de Solidaridad Sostenible, que no es más que la reforma tributaria que discutirá el Congreso de la República. 

Se trata de un proyecto de ley que empezará su camino por el legislativo con un mensaje por parte del Gobierno Nacional, para que sean las comisiones económicas conjuntas quienes inicien la discusión lo más pronto posible de los 163 artículos que traen las más de 100 páginas del documento. 

La reforma buscará tener un recaudo cercano a los 23,4 billones de pesos, a través de cambios en el IVA y en los impuestos a personas naturales y jurídicas, con el fin de cubrir y ampliar los programas sociales que se hicieron más necesarios en medio de la emergencia generada por la COVID-19.

“Si el Congreso adopta nuestra propuesta, el índice de pobreza extrema bajaría seis puntos y los indicadores de pobreza tres, lo que significaría una gran solidaridad entre los que pueden aportar y los que no”, resaltó el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Durante la presentación del proyecto, el ministro resaltó que la iniciativa que se presentó al Congreso de la República, que tendrá la última palabra para su aprobación, llevaría a una reducción de 2,3 en el índice de Gini, así como un ritmo de impacto siete veces mayor a los observado en la última década. 

Aunque los tres ejes de la reforma están enfocados en el IVA, los impuestos a las personas naturales y los impuestos a las personas jurídicas, también tocará temas fundamentales en materia social y ambiental, así como otros aspectos que dejarán el debate abierto en los próximos meses. 

Programas sociales

A través de la reforma también se decidió convertir el programa Ingreso Solidario, que buscaba ayudar a las familias en medio de la pandemia, de temporal a permanente; una iniciativa para garantizar un ingreso mínimo a los hogares que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema. 

De ser aprobada la iniciativa, los hogares con una persona en pobreza y pobreza extrema recibirían 80.000 pesos; los hogares con dos personas en pobreza extrema 122.034 pesos y en pobreza 84.047 pesos; los hogares con tres personas en pobreza extrema 183.050 y en pobreza 126.071 pesos.

Por otro lado los hogares en pobreza extrema con cuatro personas recibirían 244.067, mientras que los hogares en pobreza 168.095 pesos; los hogares con cinco miembros en pobreza extrema recibirían 305.084 y en pobreza 210.118 pesos; y los hogares con seis personas en condición de pobreza extrema recibirían 366.101 y en condición de pobreza 252.142 pesos.

En este extenso aparte de la reforma, el Gobierno crea la “promoción y acceso al empleo”, en el que indica que quienes contraten personas con ciertas características “estarán exentos de realizar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones y al pago de aportes parafiscales, y no estarán obligados a afiliarlos a las Cajas de Compensación Familiar”.

Las condiciones para acceder a este beneficio serán: contratar personas menores de 28 años que coticen por primera vez y que sean vinculados a la empresa por cinco años; que los beneficiarios no sean beneficiarios de pensión de vejez; que sean personas con discapacidad no inferior al 25 % comprobada por el Ministerio de Salud; o mujeres mayores de 40 años que hayan estado desempleadas por más de un año. La norma indica que para hacer parte de este beneficio el trabajador no debe recibir más de tres salarios mínimos de remuneración.

Además, la norma indica que los empleadores que, durante los cinco años siguientes a partir del 1 de enero de 2023, contraten aprendices del Sena solamente estarán obligados a efectuar, por estos trabajadores, la cotización al Sistema de Riesgos Laborales y estarán exentos de realizar el pago de los aportes correspondientes al sistema de salud.

La norma también contiene un incentivo para la creación de nuevos empleos en el que “hasta el agotamiento del número de cupos dispuestos para este beneficio, contraten nuevos trabajadores, anteriormente desempleados, que devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, estarán exentos del pago del porcentaje de la cotización al Sistema General de Pensiones a su cargo y no tendrán la obligación de afiliar estos trabajadores a las Cajas de Compensación Familiar”.

El gobierno, además, decidió ampliar la vigencia del Programa al Empleo Formal PAEF, hasta el “mes de junio de 2021”; así mismo extiende el programa Generación E. Llama la atención que el presidente había prometido que los estratos 1, 2, y 3 tendrían acceso a la educación pública gratuita. Sin embargo, en la norma queda claro que el aporte “al pago parcial o total del valor de la matrícula” queda extendido solo a los estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Impuestos verdes y peajes

La norma crea el Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (Fonclima), que busca articular, focalizar y financiar la ejecución de planes, programas y proyectos de índole nacional o territorial, orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros.

Junto a esta entidad se crea el impuesto nacional al carbono, que busca gravar el consumo de gas y derivados del petróleo. Según el articulado, los productores pagarán 34 pesos por metro cúbico de gas natural; 112 por galón de gas licuado; 159 por galón de gasolina; 170 por galón de kerosene; 174 por galón de jet fuel y 179 por galón de ACPM, entre otros.

La norma, además, crea el impuesto a los plásticos de un solo uso, que en términos de la norma sería de “0,00005 UVT por cada gramo del envase, embalaje o empaque”, es decir, de aproximadamente 16 pesos. En esa serie de impuestos verdes también se crea el impuesto a los plaguicidas, que será del 8 %.

El gobierno crea un impuesto para vehículos, que sustituye el impuesto de rodamiento, quedan excluidos en este impuesto: las bicicletas, los tractores y la maquinaria industrial.

Por último, la norma permite a los alcaldes de ciudades capitales poner peajes, previa autorización del concejo, “como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad, que contribuya a la sostenibilidad, mejoramiento y expansión de esta”.

Llama la atención que la norma dice que dicho impuesto deberá cobrarse “a todos los usuarios de las vías de la jurisdicción, únicamente con excepción de las bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial”.