El cierre del estadio durante seis fechas implica una pérdida económica significativa para Nacional. Solo en ingresos por taquilla, el club dejará de percibir entre 10 mil y 15 mil millones de pesos, un duro golpe para las finanzas del equipo. Además, la sanción afecta directamente a los abonados, quienes ya han pagado por sus entradas a lo largo de la temporada, pero no podrán asistir a estos seis encuentros. Bajo la justificación de “fuerza mayor”, el club no está obligado a devolver el dinero a estos aficionados, lo que genera una sensación de frustración entre quienes se ven castigados por acciones de una minoría violenta.
Otro sector golpeado por esta decisión es el de las familias que dependen del comercio alrededor del estadio. Aproximadamente 400 familias, que viven de las ventas durante los días de partido, perderán sus ingresos durante las seis fechas en las que el estadio permanecerá cerrado.
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Junior: Una sanción menos rigurosa
Por su parte, Junior de Barranquilla también fue sancionado, pero de manera menos severa. El club deberá disputar seis partidos con la tribuna norte y la tribuna occidental (alta y baja) del Estadio Metropolitano parcialmente cerradas. Además, fue multado con 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a trece millones cuatrocientos mil pesos ($13.400.000). A pesar de estar involucrado en los disturbios, Junior recibió un castigo considerablemente más leve que Nacional.
Esta diferencia en las sanciones ha generado un debate sobre la imparcialidad de las decisiones de la Dimayor. Mientras que Nacional enfrenta un cierre total del estadio, Junior solo verá afectada una parte de sus graderías, lo que se percibe como un trato preferencial hacia el equipo barranquillero.
Más allá de las sanciones económicas y deportivas, lo que realmente preocupa a muchos es el mensaje implícito que la Dimayor ha enviado con esta decisión. Al otorgarle los puntos a Junior tras los disturbios, se podría abrir la puerta a que hinchas de equipos visitantes repliquen este tipo de comportamientos en situaciones desfavorables. Si los aficionados violentos pueden provocar la suspensión de un partido y su equipo acaba beneficiándose, se crea un precedente preocupante para el futuro del fútbol colombiano.
En el caso específico de Nacional, el partido iba perdiendo 0-1 antes de que estallaran los desmanes, y ahora, no solo pierde la oportunidad de remontar en el terreno de juego, sino que se le otorgan tres goles al equipo rival sin haber terminado el partido. Este castigo parece más un premio para los violentos, quienes ahora pueden ver sus acciones justificadas y recompensadas.
Tras conocerse las sanciones, el presidente de Atlético Nacional ha anunciado una rueda de prensa para este jueves, en la que se espera que el club manifieste su postura oficial sobre la decisión de la Dimayor. No se descarta que el club explore acciones legales o administrativas para apelar la sanción, argumentando el impacto desproporcionado que esta medida tiene en sus finanzas, abonados y en la comunidad en general.
El caso de Nacional y Junior ha dejado una marca en el fútbol colombiano. El mensaje que queda en el aire es claro: la violencia en las tribunas puede, eventualmente, tener consecuencias deportivas favorables para algunos equipos. Esto plantea un serio desafío para la Dimayor, que deberá reconsiderar cómo gestionar este tipo de incidentes en el futuro, para evitar que se siga “premiando” a los violentos y, en cambio, proteger el espíritu del deporte.
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