El debate sobre el incremento en las tarifas del servicio de aseo en Cúcuta puso el foco en los costos operativos del sistema y, según los concejales, en la falta de control sobre algunos de sus componentes principales, como el barrido y los costos fijos.

Los concejales y el representante de la empresa Veolia debatieron sobre el particular por espacio de cuatro horas, al término de las cuales se concluyó que es necesario establecer nuevas fórmulas para que la tarifa baje en los sectores más vulnerables, pero también se deben aterrizar aspectos técnicos como los kilómetros de barrido y las cantidades de basura que se llevan al relleno sanitario.

Durante la discusión, el concejal del estatuto de oposición, Leonardo Jácome, advirtió que los usuarios están asumiendo aumentos muy por encima del comportamiento del costo de vida. Según las cifras expuestas, la tarifa mensual pasó de 37.944 pesos en 2024 a 45.121 en 2025, lo que representó un alza del 18,9 %. Para 2026, el valor subió a 54.443 pesos, con un incremento adicional del 20,6 %. En contraste, la inflación nacional se ubicó entre el 5 % y el 6 % en ese periodo.

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El análisis señala que dos componentes concentran buena parte del cobro: el costo fijo, que representa cerca del 42,3 % de la tarifa, y el barrido y limpieza, con un 31,9 %. Frente a esto, Jácome asegura que ambos conceptos se facturan independientemente de la cantidad de residuos generados por los usuarios, lo que implica que incluso quienes no sacan basura deben asumir estos valores.

También se debatió la estrategia de ampliar subsidios como mecanismo para aliviar el impacto en los hogares. Aunque el municipio contempla ajustes en este sentido, se planteó en la plenaria que la medida no resuelve el problema de fondo si los costos operativos continúan en aumento. Actualmente, los subsidios permiten que los estratos 1, 2 y 3 paguen tarifas inferiores al valor pleno, mientras que los estratos 5 y 6 aportan un mayor valor para compensar el esquema.

Otro de los puntos críticos que se ventilaron es la falta de información verificable sobre la cobertura del servicio de barrido. Se solicitó a la administración municipal entregar datos georreferenciados sobre los kilómetros atendidos y la frecuencia de las labores, con el fin de contrastar la operación reportada con la percepción de los ciudadanos en los barrios.

De acuerdo con lo expuesto, existen dudas sobre la capacidad operativa para cubrir los cerca de 95.000 kilómetros reportados con el número actual de operarios. En ese sentido, se planteó la necesidad de revisar los indicadores de eficiencia y la relación entre personal, cobertura y resultados.

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El componente de barrido también registró incrementos significativos. Entre 2025 y 2026 pasó de 22.000 a 28.851 pesos, lo que representa una variación del 37,2 %, sin que se haya explicado de forma detallada el origen de este aumento.

Comparaciones con otras ciudades sugieren diferencias en los costos del servicio. Se argumentó que, pese a tener un mayor número de usuarios, Cúcuta debería registrar un menor costo promedio por barrido, dado que este se distribuye entre más suscriptores.

“Dónde está el estudio técnico pendiente”

Frente a estas posturas, El concejal Oliverio Castellanos sostuvo que la tarifa del servicio de aseo en Cúcuta no es una decisión discrecional de la empresa, sino que responde a la metodología definida por la regulación nacional vigente.

Planteó que el debate debe centrarse en los subsidios y no en la tarifa base. Explicó que estos dependen de los recursos que recibe el municipio a través del Sistema General de Participaciones, de los cuales una fracción se destina al aseo. Señaló que, sin subsidios, los usuarios de estrato 1 pagarían un valor mayor, pero la asignación actual reduce ese costo.

Castellanos cuestionó al Concejo y a la administración municipal por haber aprobado en 2024 los factores de subsidio sin un estudio técnico que sustentara su distribución, lo que —a su juicio— dejó vacíos en la planeación. Indicó que el municipio incumplió el compromiso de presentar posteriormente ese análisis y que la falta de este insumo impide tomar decisiones informadas o ajustar el esquema vigente.

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Advirtió que cualquier modificación en subsidios o contribuciones requiere sustento técnico, pues de lo contrario se trasladan cargas sin medir su impacto, tanto en los usuarios de menores ingresos como en los aportantes de estratos altos. También alertó que la ampliación de actividades incluidas en el servicio, como mantenimiento de zonas verdes, incrementa los costos y, en consecuencia, las tarifas.

Insistió en que el foco debe estar en exigir el estudio técnico pendiente para definir con criterio la política de subsidios y evitar decisiones que afecten a los usuarios.

Por su parte, el concejal Jhon Jairo Villamizar señaló incumplimientos de acuerdos previos con la empresa y criticó que la única respuesta institucional sea aumentar subsidios, sin alternativas adicionales.

Jesús Sepúlveda advirtió que no existe competencia en la prestación del servicio y que la empresa concentra decisiones operativas que inciden en la tarifa. Planteó revisar costos como el barrido, cuestionó las cifras reportadas y propuso ajustar el esquema no solo por subsidios, sino también desde la operación para reducir el impacto en los usuarios.

Carime Rodríguez pidió claridad sobre el manejo de recursos asociados al reciclaje y la participación de las organizaciones recuperadoras. Además, propuso una interventoría para verificar el cumplimiento de la empresa y cuestionó la falta de control institucional sobre actividades como el barrido.

Alonso Torres, por su parte, cuestionó el papel de la administración en la defensa del usuario y rechazó que se traslade al Concejo la responsabilidad sobre subsidios. También pidió explicaciones sobre recursos que la empresa entrega al municipio.

Habla Veolia

El gerente general de Veolia en Cúcuta, Humberto Posada, presentó ante el Concejo municipal los criterios con los que se calcula la tarifa del servicio de aseo para más de 262.000 usuarios, y propuso alternativas orientadas a disminuir el valor que pagan los estratos 1, 2 y 3.

Durante su intervención, el directivo explicó que la estructura tarifaria está regulada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad encargada de supervisar y controlar la prestación del servicio. En ese contexto, señaló que la empresa aplica los lineamientos establecidos en materia de calidad, cobertura y eficiencia.

Las propuestas

Posada planteó la necesidad de conformar una mesa de trabajo conjunta entre la Alcaldía, el Concejo y la empresa para revisar los componentes que inciden en la tarifa. Entre las principales acciones propuestas está la evaluación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs), instrumento que define las variables técnicas del servicio.

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Otra de las alternativas mencionadas es la revisión del esquema de subsidios. Actualmente, el subsidio para el estrato 1 en la ciudad se ubica en 23 %, aunque la normativa permite incrementarlo hasta un 70 %. Según el gerente, alcanzar ese nivel implicaría una reducción significativa en la factura para los usuarios, que podría pasar de cerca de 54.500 pesos —tarifa de referencia del estrato 4— a aproximadamente 19.000 pesos. Sin embargo, advirtió que esta medida debe evaluarse frente a la capacidad financiera del municipio.

El directivo también indicó que la empresa está a la espera de un nuevo marco regulatorio que podría modificar la estructura tarifaria del servicio de aseo en el país.

En cuanto a los factores que incidieron en el incremento reciente de la tarifa, Posada señaló el aumento del salario mínimo, que tuvo un crecimiento cercano al 23 % y afecta directamente componentes como el barrido, la limpieza urbana y otros costos operativos. A esto se suma la incorporación de nuevas actividades contempladas en el Pgirs, como la poda de árboles.

Posada reiteró la disposición de la empresa para trabajar con las autoridades locales en la búsqueda de soluciones que permitan reducir el impacto tarifario en los usuarios, sin afectar la sostenibilidad del servicio.

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