La historia de Andrea Viviana Mendoza comenzó en 2010 con un simple contrato de arrendamiento en Cúcuta, pero pronto se convirtió en una pesadilla. Falsificaron su firma, vendieron su casa y la hipotecaron sin su conocimiento.
Aunque los responsables fueron condenados, el proceso judicial ha sido extenuante y, después de más de 15 años, aún no ha recuperado plenamente su propiedad. Un caso de fraude y justicia tardía que sigue sin resolverse.
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Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2010, cuando Mendoza decidió arrendar su inmueble en Cúcuta. Dos hombres, Efraín Medina Torres y Miguel Cadena Soto, mostraron interés en la vivienda y, para generar confianza, le entregaron el dinero correspondiente al primer mes de arriendo.
Mendoza, confiada, firmó el contrato y les permitió el ingreso al inmueble. Sin embargo, semanas después, al pasar por la casa consultó con los vecinos y descubrió que los supuestos inquilinos nunca se habían mudado.
Extrañada acudió a la Oficina de Instrumentos Públicos para verificar el estado de su propiedad. Ahí, la sorpresa fue más grande luego de enterarse de que su casa aparecía hipotecada a nombre de un tercero.
Lobsang Torrealba, el abogado defensor de la víctima y quien la ha acompañado durante todo el proceso, indicó que las investigaciones posteriores revelaron el “modus operandi” de los estafadores.
Con una copia de la cédula de Mendoza y su firma en el contrato de arrendamiento, falsificaron documentos legales y suplantaron su identidad. Primero, Medina Torres vendió ilegalmente la propiedad a César Guillermo González Tangarife mediante un documento falsificado en una notaría de Medellín. Luego, González Tangarife hipotecó el inmueble por 43 millones de pesos a Wilson Bernal.
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Cuando Mendoza descubrió el fraude, el proceso civil ya estaba avanzado y su casa estaba a punto de ser rematada. Con asesoría legal, logró que un juez suspendiera la diligencia de remate tras presentar evidencias del fraude. Paralelamente, la Fiscalía inició una investigación penal que culminó en la captura de Medina Torres en Armenia y de González Tangarife en Rumichaca.
“Cómo será de falso ese poder que aparece firmado el 19 de octubre, cuando yo ni siquiera conocía a ese señor Medina y mi casa ni siquiera estaba en arriendo. Yo aparezco firmando un documento en una ciudad que no conozco y dándole poder a un señor que ni sabía que existía”, afirmó de manera tajante Andrea Mendoza.
La Opinión conversó con la notaria primera de la ciudad, Nelly Díaz Contreras, para que explicara cómo es posible que se dé una situación tan irregular como ésta.
“Con este caso lo que se ve claramente es que existe una mafia que está suplantando a las personas, incluso, los sellos y firmas de los notarios, para llevar a cabo este tipo de estafas. En el caso que nos atañe, lo que queda claro es que el fin último de la estafa era hipotecar el inmueble por los 43 millones de pesos”.
Añadió que “para nosotros los notarios, es muy difícil corroborar la veracidad de un documento, en este caso el poder que venía firmado desde Medellín. Obramos de buena fe y confiamos en la veracidad de los documentos que se nos presentan”.
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Tiempo después, ambos fueron juzgados y condenados por siete años cada uno, por falsificación de documentos públicos y privados, fraude procesal y estafa. Sin embargo, tras cumplir sus condenas, hoy están en libertad, mientras que Mendoza sigue sin recuperar legalmente su casa.
A pesar de que los jueces ordenaron la cancelación de la venta fraudulenta y la hipoteca, los procesos administrativos y las trabas judiciales han impedido la restitución efectiva del bien.
Lo documentos en la Oficina de Instrumentos Públicos aún registran la propiedad a nombre de González Tangarife y la hipoteca sigue apareciendo activa.
Esto impide que Mendoza pueda disponer libremente de su vivienda, incluso, protegerla legalmente para sus hijas en caso de faltar.
“Yo pensé que todo se había solucionado, pero cuando intenté registrar la casa a nombre de mis hijas, me encontré con que aún aparece hipotecada y con anotaciones que la vinculan a los estafadores. Mientras eso no se corrija, sigo en la incertidumbre”, lamentó Mendoza.
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Su abogado Lobsang Torrealba explicó que han solicitado al juzgado la corrección de los registros erróneos. “El proceso ya está en la fase donde se hace la solicitud para que el juzgado revise los archivos y emita un oficio a Instrumentos Públicos. Esto permitiría la eliminación de las anotaciones fraudulentas y que finalmente Mendoza pueda obtener un certificado de libertad y tradición sin irregularidades”, detalló.
A pesar del calvario, Mendoza ha logrado conservar la casa en buen estado y vive allí con su hija menor. La vivienda, que inicialmente estaba en obra gris, ha sido mejorada con esfuerzo y dedicación. “Lo que mi cliente busca es que su casa quede protegida como patrimonio familiar y que, en caso de faltar, sus hijas no se vean afectadas”, enfatizó Torrealba.
Aunque los fallos judiciales están a su favor, Andrea Mendoza sigue esperando que el sistema legal haga efectiva la restitución de su propiedad. La lentitud en los trámites ha impedido que pueda disfrutar plenamente de su hogar y que tenga garantía de seguridad jurídica sobre él.
“Sigo teniendo miedo. Mi casa era mi sustento, pero después de esto nunca volvió a ser lo mismo. No puedo arrendarla por temor a que alguien intente otra estafa. Uno no queda tranquilo después de vivir algo así”, expresó la víctima.
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