El personal de Guardianes y directivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), entró desde ayer en máximo alistamiento en Cúcuta en atención a la emergencia carcelaria que decretó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Por este motivo, miembros del sindicato del Inpec Cúcuta activaron de inmediato las reuniones informativas en los sitios de trabajo, para mantener al tanto al personal de lo que vaya ocurriendo con la medida, derivada de la serie de amenazas y ataques contra guardianes de la institución en diferentes centros penitenciarios del país.
Dos de estos ataques cobraron la vida en Cúcuta del guardián Carlos Andrés Sandoval Ortiz, asesinado por sicarios la noche del pasado 31 de enero en presencia de familiares y amigos.
La otra víctima fue el guardia Jesús Daniel Cárdenas Barrera, quien fue abatido el pasado 10 de febrero en horas de la mañana en Cartagena de Indias.
De estas reuniones en el penal de Cúcuta saldrá el informe que presentarán al ministro Osuna en la visita que tiene pendiente a Cúcuta esta semana.
En el informe, se consignarán todas las situaciones que se están presentando dentro de la penitenciaría en los últimos meses (incluidas los problemas de alimentación, hacinamiento, etc).
El dragoneante Edwin Rincón Martínez dijo ayer que están a la espera del documento de las directivas nacionales donde se oficialice la emergencia carcelaria.
Esto se hace en función de las medidas que se deben adoptar para mitigar el riesgo al que están expuestos los miembros del Inpec en estos momentos, dijo Rincón.
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A parte de lo ocurrido con el guardián Carlos Andrés Sandoval Ortiz, no se han vuelto a presentar novedades en Cúcuta, “pero sí empezamos a recibir el apoyo de la Policía y el Ejército en el perímetro donde se encuentra el penal. También se reforzó la seguridad del desplazamiento de los guardianes en los recurridos que se hacen a hospitales y juzgados.
“El servicio del hospital fue reforzado por los compañeros encargados de hacer las remisiones”, dijo Rincón.
Plan Pistola
Las medidas decretadas por el Gobierno Nacional y la Dirección Nacional del Inpec se adoptaron por la preocupación que ha generado en la entidad el plan pistola contra sus funcionarios.
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"Acabamos de aprobar por unanimidad en el consejo directivo del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) la declaratoria de la emergencia carcelaria", informó a la prensa el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien resaltó la medida tiene por objetivo reforzar la seguridad en las prisiones.
Además de las víctimas fatales del Inpec en el último mes, otro asalto contra carceleros se registró en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, con un número indeterminado de guardias heridos, según las autoridades. De acuerdo a medios locales, se trató de un ataque a disparos.
También, "se conocieron panfletos amenazantes en distintos centros carcelarios", indicó el Ministerio de Justicia en un boletín.
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"La emergencia carcelaria tiene dos finalidades: (...) proteger la vida y la integridad de los guardianes de las cárceles y erradicar completamente la extorsión y corrupción que provenga" de las prisiones, explicó Osuna.
Una de las primeras medidas será, según el ministro, la asignación de "un fiscal específico para (investigar) homicidios contra guardianes del Inpec y otro fiscal específico para casos de extorsión carcelaria y corrupción".
El domingo, Osuna había anunciado el "refuerzo policial alrededor de todas las cárceles del país" y el apoyo de las Fuerzas Militares para proteger la vida y la libertad de los guardias, como en efecto ocurrió en la penitenciaría de Cúcuta.
El sistema penitenciario de Colombia, alberga a más de 190.000 presos en serias condiciones de hacinamiento, según cifras oficiales. En la penitenciaría la Modelo de Cúcuta hay una población de 4.000 internos, incluidos los que tienen medida se aseguramiento domiciliaria, y un hacinamiento cercano al 80 por ciento.
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Presos en las estaciones de Policía
El dragoneante Wilmar Acevedo, directivo del sindicato SEUP del Inpec en Cúcuta infirmó que con la administración municipal de Cúcuta hay una carta de intención para oficializar un convenio por 1.000 millones de pesos, tendiente a trasladar todos los privados de la libertad que están en las estaciones de Policía.
Serían en total unos 419 detenidos, solo de Cúcuta, los que pasarían a las instalaciones de la Modelo.
“Estamos a la espera de que la Secretaría de Gobierno ejecute el convenio y nos pase el listado de los que vienen a la penitenciaría. Nosotros nos comprometemos a recibir los que hayan hasta el momento de que quede protocolizado el convenio, dijo Rincón.
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Construir una torre en la cárcel
Respecto de la propuesta de construir una torre en la penitenciaría de Cúcuta para albergar allí a privados de la libertad, Rincón manifestó que es una alternativa viable, pero requiere de presupuesto para funcionamiento.
Se descartó construir la nueva cárcel que se había propuesto en la administración de Jairo Yáñez. Lo más razonable es establecer un convenio con el Inpec, dijo.
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