Las arremetidas violentas son una amenaza constante de inseguridad que afecta el desarrollo empresarial, el empleo y la estabilidad económica de la región, perjudicando no solo a los gremios, sino también a toda la ciudadanía en general.
No se puede progresar
La Cámara de Comercio de Cúcuta también condenó la escalada terrorista, encasillando estas acciones como una pérdida en cuanto a la seguridad, alejando a la ciudad de futuros escenarios de crecimiento, generación de empleo y reducción de informalidad.
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Sergio Hernando Castillo, presidente ejecutivo de la organización, hizo un enérgico llamado al Gobierno Nacional para que adopte las medidas necesarias de cara a entregarle a la comunidad soluciones reales frente a estos lamentables hechos.
A través de un boletín informativo, el Concejo Municipal de San José de Cúcuta hizo un pronunciamiento al presidente Gustavo Petro Urrego, con el fin de destinar los recursos económicos y logísticos para tomar acciones que permitan devolverle la tranquilidad a las personas y a todos los sectores productivos.
El mismo llamado al Gobierno Nacional pronunció la Asamblea Departamental, con el fin de implementar medidas contundentes y efectivas que garanticen la seguridad de todos los municipios en el departamento, evitando que situaciones como estas se sigan presentando y restablezcan la paz en el territorio.
Por su parte, varios defensores de Derechos Humanos (DDHH), mediante distintas redes sociales alzaron su voz para expresar el repudio hacia esta situación, y revelaron que esto se veía venir semanas atrás, y por tanto es una especie de crónica de una muerte anunciada.
Lo habían advertido
Uno de ellos es Enrique Pertuz, director general de la Corporación Red Departamental de Defensor de Derechos Humanos (Corporeddeh), quien condenó la escalada terrorista sufrida en el peaje de la Autopista Internacional y al CAI Villa Antigua.
Según Pertuz, ya se había advertido a las administraciones locales y gubernamentales por diferentes medios de comunicación que Cúcuta no iba a escapar a la situación presentada en el Catatumbo, pues organizaciones insurgentes como el Eln o las disidencias de las Farc tienen sus frentes urbanos en el área metropolitana.
No obstante, para el defensor de derechos humanos, “lo más agravante es que el presidente de la República constantemente desafía estas organizaciones sin tomar actitudes preventivas que garanticen una integridad a las comunidades”.
De acuerdo con el director de Corporeddeh, se debería desarrollar una estrategia de inteligencia de la fuerza pública que permita de una u otra forma adelantarse a este tipo de hechos violentos en nuestro territorio.
“Yo creo que esto es un campanazo, una alerta para el Gobierno nacional pero también a las autoridades locales, porque últimamente los concejos de seguridad realizados no han tenido los resultados esperados”, concluyó.
También condenaron el ataque al peaje
Frente al atentado contra el peaje ubicado a la altura del sitio Lomitas, en la Autopista Internacional, en el que al menos cinco personas resultaron heridas con lesiones menores, la Unión Temporal de Peajes Nacionales solicitó un mayor acompañamiento a todas las estaciones de peaje del país, priorizando la seguridad de nuestros trabajadores y de quienes transitan por las vías.
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