Luego del rechazo de las autoridades locales a la decisión del Inpec, de trasladar 100 privados de libertad desde estaciones policiales de Antioquia a la cárcel de Cúcuta, el teniente Henry Mayorga, director de la Regional Oriente, aclaró que esta medida responde en principio a la misionalidad institucional, pero además obedece a un mandato de la Corte Constitucional. 

“Nuestra obligación como instituto es darle prioridad a los condenados”, indicó Mayorga, y en ese mismo sentido, señaló que es responsabilidad del ente territorial construir su propia prisión para sindicados, que es el estatus de las personas detenidas en las estaciones  policiales de la capital nortesantandereana.
 
Dijo que la versión que maneja el alcalde Jorge Acevedo es equivocada, pues “nosotros no estamos trayendo sindicados, sino condenados, porque la Corte Constitucional así nos lo ordenó”. 

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En este sentido, se refirió al auto 1096 de 2024, por medio del cual la Corte dio un ultimátum al Inpec para que trasladara los 1.350 condenados que tenía en estaciones de policía hacia prisiones formales. 

Aseguró que en los últimos días se han realizado hasta 1.000 traslados en todo el país, “ese es el operativo que se hizo y estamos haciendo”, sostuvo y añadió que “las cárceles son del orden nacional, así como de Cúcuta hemos llevado reclusos para cualquier parte del país, también podemos hacer lo mismo a la inversa”, dijo.
 
En atención a ese principio, Mayorga aseguró que solo este año, 80 PPL de alto perfil, recluidos tantos en la cárcel como en estaciones de policía de Cúcuta, fueron sacados a otras prisiones del país.  

“En Cúcuta ahorita no hay un alto perfil dentro de la cárcel de Cúcuta. Porras no está, Pepino no está, el jefe del AK-47 capturado no está en Cúcuta. Los del Tren de Aragua no están, y son sindicados; no le pedimos permiso a nadie para poderlos trasladar porque es una facultad y una potestad legal que tiene en el instituto”, aseveró Mayorga.

“No estamos obligados a hacer convenio”

En relación con el convenio interadministrativo que estaba en trámite entre la Alcaldía de Cúcuta y el Inpec, y que se suspendió hasta nuevo aviso por parte de la entidad carcelaria, Mayorga aseguró que se va a suscribir, pero primero debe cumplirse con el mandato de la Corte de ejecutar todos los traslados pendientes a nivel nacional, “hasta entonces no podemos hacer convenios”, dijo.

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No obstante, indicó que “no estamos obligados a hacer convenio, el que sí está obligado es el alcalde a construir un centro de detención transitoria”. 

En cuanto a la relación costo - beneficio de este acuerdo, explicó que la manutención de un preso le cuesta al Inpec 13 millones de pesos al año, es decir, que por los 400 PPL que comprende el convenio serían $5.200 millones, de los cuales la Alcaldía aportaría $1.000 millones.

Alcalde reiteró llamado

Por su parte, el alcalde Jorge Acevedo reiteró su llamado, esta vez al nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para que impida que se ejecute el anunciado traslado a Cúcuta, en vista de la fuerte problemática social y de seguridad. 

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Acevedo destacó que producto de la fuerte problemática social y de seguridad que atraviesa la ciudad, la Policía está constantemente generando capturas que han provocado niveles de hacinamiento de hasta un 260 por ciento, y del 73% en el complejo penitenciario. 

“En nombre de todos los cucuteños, le pido que por favor no permita esto, más bien ayúdenos a descongestionar las estaciones, que nos están ocupando uniformados cuidando bandidos, cuando podrían estar brindando seguridad en la calles”, expresó Acevedo.  

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