La ejecución de un proyecto inmobiliario impulsado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, para su segunda sede, cuyo valor total ascendería a los 40.000 millones de pesos, ha generado una fuerte controversia debido a presuntas irregularidades en su financiamiento. 

Según denuncias elevadas ante la Procuraduría General de la Nación y el Juzgado Administrativo de Reparto de Cúcuta, en este último, mediante una acción popular impulsada por el empresario y constructor Luis Alfredo Quintero, los recursos utilizados para esta iniciativa provendrían de fondos con destinación específica, lo que violaría la normativa vigente.

La Opinión tuvo acceso al texto de la queja presentada ante el ministerio público, mediante el cual se solicitó la intervención inmediata del órgano de control. Quintero considera que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y su presidente han incurrido en una falta grave al destinar recursos públicos para la compra de terrenos y la construcción de un complejo que incluiría oficinas, un centro de eventos, espacios comerciales y otras instalaciones.

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De acuerdo con el denunciante, la iniciativa vulneraría el ordenamiento legal al comprometer dineros públicos en una obra que no se ajusta a la función registral de la entidad. "Se está destinando inicialmente una suma millonaria a la compra de un lote presuntamente sobrevalorado en 3.700 millones de pesos y en estudios, diseños y construcción de 8.000 metros cuadrados, lo que compromete seriamente la estabilidad financiera de la Cámara de Comercio", afirmó Quintero en su comunicación a la Procuraduría.

En el texto de la Acción Popular se lee que “en contravía a decisiones administrativas y judiciales existentes en este proyecto que están promoviendo, la Cámara de Comercio de Cúcuta estaría cometiendo una irregularidad al utilizar dineros públicos que tienen restricciones de orden legal teniendo en cuenta que el origen de los fondos para el proyecto provienen de un superávit acumulado en el pago de la tasa de registro mercantil de los últimos años”.

Quintero mencionó en el texto de la misma que la  jurisprudencia existente en conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Concejo de Estado ya manifestó, con ponencia del Magistrado Augusto Hernández Becerra, que los dineros recibidos por el pago de la tasa de registro de los empresarios es una tasa que debe ser reconocida como dinero público y que su destinación es específica y debe ser utilizada exclusivamente para la recuperación de los costos que demande la función registral.

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El empresario advierte que esta inversión desviaría fondos clave que deberían ser utilizados para programas de promoción de créditos a pequeños empresarios, la capacitación del sector productivo y el fortalecimiento de la competitividad de la mediana y pequeña industria. “Con estos recursos se podrían financiar iniciativas que combatan el préstamo informal o ‘gota a gota’ y mejorar el acceso a herramientas para emprendedores, tal como lo ha propuesto el Gobierno Nacional”, aseguró.

Cuestionamientos al proyecto y sus impactos en la región

En la queja ante Procuraduría y en la Acción Popular, Quintero argumenta que el megaproyecto inmobiliario que la Cámara de Comercio promueve con financiamiento público e ignora las urgentes necesidades de la región. “Cúcuta enfrenta una crisis social y económica profunda, con más de 50.000 desplazados del Catatumbo y una de las tasas de informalidad más altas de Colombia. No se entiende cómo la Junta Directiva decide invertir en un negocio inmobiliario en vez de atender las verdaderas prioridades de los empresarios y ciudadanos”, enfatizó.

Detalles de la convocatoria y la solicitud de medidas cautelares

La denuncia de Quintero se fundamenta, entre otros aspectos, en la convocatoria pública No. 005 de 2025 lanzada por la Cámara de Comercio de Cúcuta. En el componente técnico de la licitación, se especifica que el proyecto incluiría, además de oficinas y salones para eventos, espacios comerciales, coworking, cafeterías y parqueaderos, configurándose como una megaobra de carácter privado financiada con recursos de origen público.

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Ante estos hechos, el denunciante solicitó a la Procuraduría General de la Nación que inicie una investigación inmediata y ordene la suspensión del proceso. “Las actividades propuestas en este proyecto, autorizadas presuntamente de manera ilegal por la Junta Directiva y el Presidente de la Cámara de Comercio, son temerarias y violatorias de la ley. Se requiere una actuación urgente del órgano de control para evitar un daño irreparable al patrimonio público”, concluyó Quintero en su escrito.

Las pretensiones

El empresario y constructor Luis Alfredo Quintero insistió en la Acción Popular contra la Cámara de Comercio de Cúcuta, en que la entidad vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa en el proceso de contratación para la construcción de su nueva sede.

Dentro de las pretensiones de la acción popular, el demandante solicita al juez ordenar al representante legal de la Cámara de Comercio, presidente ejecutivo Sergio Castillo, detener el proceso de contratación iniciado con la Convocatoria No. 015 de 2025. Además, exige la reversión de todas las operaciones realizadas hasta la fecha, incluyendo la compra del lote y el pago de honorarios y avalúos, por considerarlas presuntamente viciadas e ilegales.

En caso de que la reversión no sea posible, Quintero solicitó a la Contraloría General de la República abrir una investigación por presunto detrimento patrimonial y recuperar los dineros utilizados. Asimismo, pide que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República inicien procesos sancionatorios contra los responsables de la aprobación del proyecto.

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Finalmente, la acción popular plantea que, si la Cámara de Comercio no cuenta con recursos suficientes para reembolsar los fondos públicos utilizados, sean los directivos que autorizaron el proyecto quienes respondan con su patrimonio particular.

El caso ha generado controversia en el sector empresarial y jurídico, mientras se espera la decisión del juez sobre las medidas cautelares solicitadas.

Todo está amparado en la ley: presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio

En medio de cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proyecto, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Sergio Castillo defendió la construcción de una nueva sede para la entidad, cuyo costo se estima en 40.000 millones de pesos.

Castillo, sin mencionar nombres, señaló que quienes lo denuncian han omitido revisar el decreto 2042, artículo 4, que establece las funciones de las cámaras de comercio en el país. Asimismo, mencionó que el decreto unificado 1074 de 2015 le permite destinar recursos incluso para la construcción de centros de eventos y exposiciones.

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El dirigente gremial explicó que la nueva edificación contará con nueve pisos, de los cuales dos estarán destinados a parqueaderos, una necesidad que actualmente no está cubierta. "Yo siento que en realidad el impacto de lo que están diciendo es contra el empresario, porque les molesta que tengamos una sede mucho más sofisticada que las dos torres actuales de la década del 70", afirmó.

El proyecto, según Castillo, busca también gestionar recursos ante el Ministerio de Comercio para ubicar en la nueva sede entidades como Bancóldex y la Superintendencia de Comercio, convirtiéndola en un centro de negocios de alto nivel. Se trata de una construcción de 8.000 metros cuadrados, con un auditorio de capacidad para 900 personas, que podrá dividirse en tres salas de 300 asistentes cada una.

El proceso de adquisición del lote, indicó Castillo, tomó dos años y contó con múltiples evaluaciones y conceptos técnicos. "La junta me dio la orden para esta segunda sede en diciembre de 2023. Yo tengo un estudio de análisis diagnóstico para la infraestructura. Está avaluada comercialmente por la lonja y estamos comprando el metro cuadrado a un precio más bajo que el del mercado en la zona", aseguró.

Sobre la financiación, el presidente de la Cámara de Comercio precisó que de los 40.000 millones de pesos requeridos, solo 9.000 millones provendrán de recursos de los empresarios afiliados, mientras que el resto se gestionará ante el Ministerio de Comercio y otras fuentes de financiamiento. Además, la nueva sede permitirá ubicar hasta cuatro oficinas oficiales del sector.

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La obra estará localizada detrás del búnker de la Fiscalía y ya se lanzó la convocatoria para los diseños técnicos. Castillo enfatizó en que la Cámara de Comercio es una entidad de naturaleza privada y, por lo tanto, su régimen jurídico también lo es. En respuesta a quienes señalan que no se han publicado las actividades contractuales en el Secop, afirmó que lo que sí se registrará en la plataforma será el contrato de los diseños técnicos, que se encuentra en proceso a nivel nacional.

Se espera que la licencia de construcción sea aprobada entre agosto y septiembre del presente año, según informó Castillo.

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