El debate de control político citado ayer para que la Alcaldía y la empresa Veolia explicaran la prórroga por 20 años del contrato del relleno sanitario terminó sin respuestas de fondo por parte de la primera y elevó la tensión entre la administración y el Concejo.
La sesión, prevista para las 8:00 a.m., comenzó 45 minutos después. El primero en intervenir fue el secretario general, Bierman Suárez Martínez, quien aseguró que su despacho no participó en la firma del otrosí.
Luego fue llamado el secretario jurídico, Misael Zambrano, quien se desempeñaba como alcalde encargado al momento de la prórroga. En lugar de responder el cuestionario, inició una exposición sobre las normas que rigen los controles políticos, lo que generó reclamos inmediatos de los concejales, que le exigieron ceñirse a las preguntas.
Tras solicitar dos recesos, Zambrano reiteró que no podía responder porque actuó como alcalde encargado y, según dijo, “los alcaldes no son sujetos de control político”. La afirmación aumentó el malestar en la plenaria y derivó en fuertes cuestionamientos desde las curules.
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Sin interlocución de los funcionarios citados, el debate se centró en las intervenciones de los concejales, quienes expusieron sus reparos a la prórroga del contrato.
“Se pasó por alto al Concejo”
El concejal Álvaro Raad sostuvo que la decisión debió tramitarse con mayor transparencia y advirtió que implicó cambios sustanciales con nuevas cargas económicas.
Señaló, además, que el Concejo no fue informado de una medida cautelar del Juzgado 13 Administrativo de Cúcuta que suspendió una frase del Estatuto Presupuestal, lo que habría evitado el paso del trámite por la corporación.
“Aquí se comprometió la operación del relleno por 20 años sin claridad para la ciudadanía”, afirmó. También precisó que la discusión se centra en la operación del relleno sanitario y no en la recolección de basuras.
Por su parte, el concejal Carlos Dueñas habló de posibles irregularidades en el plazo de la prórroga. Indicó que, aunque se invoca la Ley 142, el contrato también se rige por la Ley 80, que limita las ampliaciones al 50 % del tiempo inicial. “En este caso se superó ese tope”, dijo.
Dueñas agregó que, tras 25 años, el relleno debía revertir a la ciudad para ser operado por una empresa pública local, como se planteó por parte de la administración municipal.
Alegan que el control político debió hacerse el año pasado
Desde otra orilla, el concejal Oliverio Castellanos cuestionó que el control político se realizara después de firmado el otrosí. A su juicio, el debate debió darse antes, cuando el tema ya estaba incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo.
El corporado lanzó críticas en este sentido al concejal Álvaro Raad y propuso en la plenaria que lo mejor es acudir a la vía judicial para que un juez determine la legalidad del acto administrativo.
Esa opción fue respaldada por el concejal Julián Rolón, quien la consideró necesaria para aclarar las dudas jurídicas.
El concejal Jesús Sepúlveda preguntó por los beneficios concretos del otrosí para la ciudad y planteó que la prórroga debió reflejarse en una reducción de las tarifas de aseo.
En la misma posición se expresó el concejal Jair Diaz, quien mencionó que al él también le habría gustado que del otrosí del relleno sanitario se le bajarán las tarifas del aseo a los cucuteños, “por eso no estamos de acuerdo con el alargue del contrato”.
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En tanto, el concejal de oposición Leonardo Jácome afirmó que el otrosí carece de validez y advirtió que quien opera el relleno sanitario tiene incidencia en toda la cadena del servicio, “por lo que aquí lo que realmente se dio fue un otrosí a la Concesión del Aseo, no del relleno sanitario como quieren hacer creer”.
Todo estuvo ajustado a la ley: Veolia
Durante la sesión, el gerente de Veolia, Humberto Posada, defendió la actuación de la empresa. Explicó que el servicio se presta bajo un régimen de libre competencia, conforme a la Ley 142, y que las tarifas están reguladas por la Resolución CRA 720 de 2015.
Anunció que el próximo lunes la compañía presentará un informe detallado sobre la estructura tarifaria y reiteró que acudirán a las instancias judiciales que sean necesarias para sustentar la legalidad del otrosí.
Posada aseguró que los estudios previos al otro sí fueron rigurosos y se desarrollan desde 2023. También manifestó disposición para comparecer ante cualquier autoridad que requiera explicaciones sobre la prórroga del contrato.
La posición del alcalde Acevedo
Aunque en el control Político de ayer los concejales no pudieron contar con respuestas de la administración municipal acerca de sus dudas sobre la forma en que se llevó a cabo el acto administrativo del otrosí al contrato del relleno sanitario, en sus redes sociales el alcalde Jorge Acevedo sí expuso lo que pasó.
El mandatario negó que se haya renovado la concesión del aseo con Veolia, “porque sencillamente esa concesión no existe”. Añadió que en Cúcuta el aseo está en libre competencia.
Lo que se hizo –explicó- fue un alargue al contrato del relleno sanitario. Reveló que ese contrato se acababa el 23 de abril y, el 24 de abril, ya no se tendría adónde llevar la basura, se armaría un caos sanitario, subrayó.
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Explicó que aparte de esto, a Cúcuta le tocaría pagar mensualmente 900 millones de pesos para el tratamiento de los lixiviados y del gas que emana el lote donde se han enterrado todas las basuras durante muchos años de la ciudad de Cúcuta. “Aparte de eso, para nosotros operar este relleno sanitario nuevo nos tocaría sacar una licencia ambiental, licencia que hoy solamente tiene Veolia”, dijo Acevedo.
Pero también “nos hubiera tocado invertir 40.000 millones de pesos en la puesta en marcha de este nuevo relleno sanitario. Nosotros hoy no tenemos cómo responder a eso, aparte de que no es el modelo de negocio de la ciudad de Cúcuta, lo que demandaría una inversión mensual de 900 millones de pesos”, explicó el mandatario municipal.
Por todo esto fue que tomamos la decisión de prorrogar el contrato del relleno sanitario que hoy opera la empresa Veolia, puntualizó Acevedo.
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