El Concejo de Cúcuta dio apertura al segundo periodo de sesiones ordinarias, enfocándose en debates sobre movilidad, servicios públicos y el trabajo articulado con la comunidad.

Durante la primera jornada, la mesa directiva propuso dos temas que requieren atención inmediata por parte del organismo: 

En primer lugar, la movilidad será un tema central, luego de haber evidenciado fallas en las acciones hechas por la Secretaría de Tránsito y Transporte en el último control político realizado por la corporación.

En ese espacio, se insistió en la necesidad de que la Secretaría priorice los recursos para mejorar la circulación en la ciudad.

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En esta nueva situación se espera que la entidad presente planes concretos para optimizar las condiciones viales en la ciudad.

Para esto, se solicitará a la Secretaría presentarse en el recinto para evaluar cómo avanza el convenio de tránsito, el cual entró en vigencia a inicios del mes de mayo.

De igual manera, se pedirá al comandante de la Policía de Tránsito que esté presente para conocer los planes que trabajan en conjunto para detener problemáticas como piques ilegales, violaciones a las normas de tránsito y el trabajo que realizan los alférez de tránsito, próximos a entrar en funciones.

Seguidamente, en cuanto a los servicios públicos, Carime Rodríguez, presidenta del Concejo, señaló que representan una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente en lo relacionado con el suministro de agua y el servicio de aseo. 

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“En Cúcuta existen más de 200 pilas públicas, las cuales se establecen en zonas de alto riesgo y difícil acceso para que las personas tengan acceso al suministro” indicó Rodríguez 

La funcionaria explicó que el municipio debe pagar un subsidio para este beneficio, y que es la fundación V&C la que se encarga de establecer la tarifa comunitaria de las pilas públicas. 

Sin embargo, indica que no existe claridad sobre cómo se maneja el recurso y que es preocupante que muchos  de los usuarios de estos servicios perciben deudas muy grandes que generan la suspensión del servicio. 

“Por ello, se invitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta (EIS), a la Subdirección de Servicios Públicos, a la Fundación V&C, así como a los líderes comunales de los sectores donde hay pilas públicas, para que en este espacio se pueda conocer la situación actual y plantear posibles soluciones”, expresó la presidenta del Concejo.

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De igual manera, mencionó que se citó a la empresa Aguas Kpital en respuesta a las solicitudes de la comunidad sobre la prestación del servicio, además de compartir un informe que emitió la Contraloría sobre la calidad y gestión de los mismos. 

“En 2026 finaliza el contrato de concesión de Aguas Kapital y Veolia, por lo que es necesario conocer qué decisión tomará la administración al respecto. En cuanto al aseo, es fundamental definir cómo se gestionará la disposición final de los residuos”, indicó la concejal.

Sobre este particular, Carime dice que desde la Alcaldía se ha planteado la creación de  una empresa pública para el  suministro de agua, sin embargo pide claridad sobre ese plan.  

Por otra parte, está primera sesión puso en debate el trabajo social que se continúa realizando con personas en condición de calle, recalcando que, a través del programa del Departamento Administrativo de Bienestar Social ‘Dando Nueva Vida’ se han vinculado más de 500 personas en un proceso de rehabilitación y reinserción social. 

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El último paso, que corresponde a la entrega y unidades productivas, ya se está realizando, por lo que desde el Concejo se continuará mediando para que estos planes se cumplan a cabalidad.

Por último, solicitó a la administración claridad sobre los planes de reubicar la terminal de transportes: “el Concejo no conoce cómo se realizará este plan y la comunidad tampoco, es importante tener claridad sobre los detalles de este proyecto”. 

La entidad también presentó el informe de gestión resultado del trabajo realizado en las diez sesiones ordinarias del Concejo, el cual dio como resultado el control político de once despachos de la administración y se aprobaron 20 proyectos de acuerdo. 

Entre ellos, la adopción de la estampilla familiar que permite la creación de cuatro comisarías de familia permanentes que atenderán fines de semana y festivos, la creación de la red de mejores taxistas y la política pública de vendedores informales, que regulará el espacio público en la ciudad manteniendo el sustento de estas personas. 

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