La investigación disciplinaria que se le seguía a la exsecretaria de Salud de Cúcuta, María Constanza Arteaga Hernández, por los presuntos sobrecostos  en compras ordenadas por su despacho en el marco de la pandemia de COVID -19 (2020), fue archivada por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Cúcuta.

El auto de archivo de la investigación disciplinaria dejó clara evidencia que el objeto del contrato  (que se celebró por el despacho de Arteaga, dirigido a la compra de suministro de insumos biomédicos y logísticos para la atención, prevención y contención de la pandemia COVID-19) sustancialmente corresponde al programado dentro del Plan Plurianual  de la dependencia.

Bajo estas consideraciones “aparece plenamente demostrado en estas diligencias, que los hechos atribuidos en el informe no existieron y, por lo tanto, esta oficina  de Control Interno Disciplinario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 del Código General Disciplinario  declara la terminación  de las presentes diligencias y ordena el archivo definitivo de la investigación disciplinaria seguida en contra de María Constanza Arteaga Hernández en su condición de secretaría de salud para la época”, señala un aparte del auto.

Por estos hechos ocurridos en 2020, Arteaga fue blanco de una suspensión de su cargo por tres meses por parte de la Personería de Cúcuta. Días más tarde, dicha suspensión quedó sin piso en virtud del poder preferente  asumido por la Procuraduría Provincial, que por el mismo caso había iniciado la apertura de una investigación preliminar. “La notificación de la apertura de indagación desplaza cualquier competencia de su despacho (Personería) para iniciar o continuar trámite alguno en una investigación por los hechos reseñados”, le reseñó en ese entonces el Ministerio Público al personero de Cúcuta de la época, Martín Rojas.

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Para la época de los hechos, el motivo de la acción disciplinaria contra Arteaga fue por los presuntos sobrecostos en el contrato N° 0543-2020, celebrado el 15 de abril en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el cual se suscribió con la firma Soluciones y Proveedurías SAS por un valor de 1.081 millones de pesos para el “suministro de insumos biomédico y logístico para la atención, prevención y contención de la pandemia COVID-19”.

El jefe de Control Interno del municipio de Cúcuta, Gustavo Adolfo Dávila, resuelve en el auto que el archivo de la investigación disciplinaria contra la exsecretaria de Salud es definitivo.

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