La Superintendencia de Sociedades, entidad que decretó el inicio del proceso de liquidación judicial del Cúcuta Deportivo luego de los constantes incumplimientos al acuerdo de reorganización empresarial del equipo por parte de José Augusto Cadena (expresidente de la institución), volvió a insistir en el embargo del derecho de participación del conjunto rojinegro ante la Dimayor. 

En cabeza de Arturo Acosta Villaveces, el liquidador delegado para la institución rojinegra, ya se había solicitado, entre otros derechos, el embargo del derecho de participación o popularmente conocido como ficha ante de la Dimayor y esta respondió que no existían esos derechos para el club. 

El pasado 16 de febrero, Acosta Villaveces comunicó su extrañeza con la respuesta de la Dimayor, asegurando que “la decisión unilateral de desafiliar y confiscar los derechos económicos al Club, sin guardar elemental proporcionalidad con algún eventual daño causado por el Cúcuta Deportivo a la DIMAYOR -no demostrado-, ocasiona graves perjuicios al Club y en general a la masa de sus acreedores, todos los cuales aceptaron, como ustedes, regirse por el principio de la par creditorum”.

En el mismo oficio enviado a Fernando Jaramillo, presidente de la entidad, Acosta le pidió reconsiderar la decisión y a “proceder a registrar los embargos sobre el derecho de participación, derechos de televisión, de publicidad y demás derechos que legítimamente corresponden al Cúcuta Deportivo”.

Ahora, la Superintendencia de Sociedades dictaminó por medio de un auto con fecha del 11 de marzo, en “insistir en la medida cautelar de embargo, por la cual se dispone a ordenar a la División Mayor del Fútbol Colombia (Dimayor), registrar el embargo de los bienes de propiedad de la sociedad Cúcuta Deportivo Club S.A. en Liquidador Judicial, en específico de los derechos de afiliación o ficha, en un término de 5 días hábiles a partir de la notificación, para tal fin, se requerirá al Fernando Jaramillo, a efectos que aporte constancia del registro de las medidas cautelares”. 

Asimismo, advirtió que de no cumplir la orden, se le podría imponer una multa de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales. 

Otras medidas 

En el mismo auto, la Supersociedades alargó por otros 4 meses la prorroga en la que autoriza al Cúcuta Deportivo de ejercer su objeto social. 

Es necesario recordar que el 24 de noviembre, un día antes de que la Dimayor decidiera desafiliar al Cúcuta de formar unilateral, la Supersociedades le había dado el aval a la institución para que pudiera desarrollar su objeto, que es jugar fútbol, pero la organización deportiva decidió omitirlo y justificó su decisión en que el equipo tenía su reconocimiento deportivo suspendido y se encontraba en proceso de liquidación judicial. 

Asimismo le autorizó la “constitución de un patrimonio autónomo de administración y fuente de pago”. Esta luz verde, daría constancia legal de que el Cúcuta Deportivo podría recibir ingresos, entre otras opciones, de las partes interesadas en ayudar al equipo. 

También avaló un plan de contratación presentado por el liquidador, que consistiría en poder tener talento humano con el que se pueda explotar el objeto social del Cúcuta. 

Por ahora, el Cúcuta Deportivo continúa con su reconocimiento deportivo suspendido desde el pasado 29 de octubre, por incumplimientos laborales de Cadena a sus empleados entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019. Para la fecha, la dirección de Inspección, Vigilancia y Control de MinDeporte, contó que llevaba en curso otras dos investigaciones por incumplimientos presentados después del 31 de agosto de 2019. 

Sobre el reconocimiento, la Supersociedades ordenó al Acosta abstenerse a emitir pronunciamientos sobre las medidas adoptadas por el Ministerio del Deporte. 

El costo para levantar la suspensión o para recuperarle el apellido al Cúcuta, como lo dijo una vez el liquidador, ondea entre los 100 y 130 millones de pesos. 

La fundación Amigos del Cúcuta Deportivo, presidida por Jorge Luis Pinto, estaría dispuesta en aportar económicamente en esta deuda. 

Recuperado el reconocimiento, los presidentes de los equipos afiliados a la Dimayor tendrían la potestad de negar o aprobar una reafiliación del rojinegro. 

Cadena, por su parte, sigue insistiendo en que existió una intención malintencionada por parte del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, y del director del Instituto Municipal para la Recreación y Deporte (IMRD), Oscar Montes, para quedarse con la que era su empresa.