El lunes de esta semana el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el inicio de un segundo proceso de paz, esta vez con el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, y de inmediato la expectativa volvió a quedar servida en regiones como el Catatumbo.
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La razón: de esta estructura hace parte la disidencia del Frente 33 de las Farc que en los últimos años ha sembrado el terror en varios municipios de la zona y que ha extendido sus acciones, incluso, a la capital de Norte de Santander.
Dos de sus principales líderes son Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, y Willinton Henao Gutiérrez, más conocido como Mocho Olmedo, a quienes el Gobierno Nacional solicitó levantarles las órdenes de captura que pesan en su contra, toda vez que harán parte del grupo de voceros en la negociación con el Gobierno Nacional.
Andrey y Olmedo fueron reconocidos desde enero pasado, junto con Sandra Milena Niño Guerrero, como delegados del Estado Mayor Central de las Farc para iniciar el proceso de acercamiento y exploración de unos eventuales diálogos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el cual concluyó con la decisión de avanzar en un proceso de paz.
A Carlos Eduardo García Téllez se le conoce por haber aparecido en un video difundido en agosto del año pasado en el que la disidencia le manifiesta al presidente Gustavo Petro la intención de avanzar en un diálogo y un acuerdo que permita llegar a un cese bilateral del fuego.
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Su nombre también está relacionado con el atentado al helicóptero en el que se movilizaba hacia Cúcuta el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, en junio de 2021.
Willinton Henao Gutiérrez, por su parte, participó, según las autoridades, en el secuestro de 180 soldados que adelantaban labores de erradicación en el Catatumbo. También está involucrado en el homicidio de mujeres en Tibú.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, la disidencia del Frente 33 tiene presencia en 16 de los 40 municipios de Norte de Santander, pero su principal accionar lo ejerce en Tibú, El Tarra y Cúcuta. En el Catatumbo, de hecho, han tratado de demostrar su dominio patrullando las calles, entregando regalos e imponiendo medidas de control social entre los habitantes.
Entre tanto, Indepaz señaló que en 2022, los municipios más afectados por las acciones de este grupo armado fueron Cúcuta, San Calixto, Sardinata, Tibú, Convención, El Tarra, Hacarí y Ocaña.
Segunda vez en una mesa de diálogo
De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, el nuevo proceso de paz que todavía no tiene fecha de inicio se da con aquellos frentes que no firmaron el Acuerdo de Paz de La Habana, con el gobierno de Juan Manuel Santos.
“(Se hace) con quienes quedaron por fuera de ese acuerdo por diversas razones. Ahora se han integrado para finiquitar, yo diría, ese Acuerdo de Paz pasado y volverlo completo”, manifestó el jefe de Estado.
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No obstante, esta es la segunda vez que el Frente 33 llega a una mesa de negociación en busca de un acuerdo que permita poner fin al conflicto.
Según exintegrantes de la desaparecida guerrilla que se acogieron al proceso de paz firmado en 2016, la totalidad de esta estructura que operó por décadas en el Catatumbo hizo parte de esa negociación y muchos de quienes hoy integran la disidencia, como Javier Alonso Veloza García, más conocido como Jhon Mechas, firmaron lo que se pactó.
“Lo que ocurrió es que ante los incumplimientos que comenzaron a darse en el tema de reincorporación y demás, y el saboteo que se presentó por parte de algunos sectores, cundió la incertidumbre y por eso terminaron volviendo a la lucha armada. Mechas, por ejemplo, sí firmó el acuerdo y estuvo en una parte”, manifestó uno de los exguerrilleros que decidió hacer su tránsito a la vida civil.
Al confirmar la suspensión de las órdenes de captura contra los integrantes del autodenominado Estado Mayor Central que harán parte del nuevo proceso de paz, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que la decisión política del presidente Petro habría sido también incluir a aquellos “disidentes que firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y lo incumplieron”.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, encargado del Gobierno para adelantar la negociación, celebró la decisión que se tomó de comenzar la segunda mesa de conversaciones con un grupo al margen de la ley. La primera se está adelantando con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y ya va para su tercera ronda.
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“En los próximos días el presidente comunicará a Colombia y al mundo quiénes serán los delegados para la mesa de conversaciones en nombre de su Gobierno y de la misma manera conoceremos en las próximas semanas los nombres de los delegados de esta agrupación armada”, dijo.
En el Catatumbo recibieron con esperanza este nuevo intento de llegar al fin del conflicto con uno de los grupos más fuertes en el territorio y la posibilidad de que pronto pueda decretarse un verdadero cese bilateral del fuego y de hostilidades.
“Saludamos el inicio de este proceso. Creemos que es un diálogo que debe partir de las garantías de un cese al fuego que se ha planteado en una zona como el Catatumbo. Esto ayudaría mucho a que la implementación del Acuerdo de Paz y un futuro cese al fuego con el Eln permita aliviar el territorio del Catatumbo. Este actor jugará un papel muy importante en la construcción de la ‘paz total’ que está planteando el Gobierno”, manifestó Junior Maldonado, vocero de Ascamcat.
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