En febrero de 2018 se creó la Gerencia de frontera con Venezuela, el entonces presidente Juan Manuel Santos reconocía, un poco tarde, que el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela requería una articulación que sobre pasaba la institucionalidad colombiana existente en la materia.

Si bien, el Estado colombiano se jugó por un abordaje de los temas migratorios desde la Cancillería por el número de compatriotas residentes en el exterior, con Migración Colombia subordinada al ministerio de Relaciones Exteriores y no al ministerio del Interior como suele ser común en otras latitudes, se requiere replantear la estrategia y construir una política de integración e inclusión y la institucionalidad que ayude en el proceso. Desde el 2015 la migración demanda sobre todo la coordinación de las diferentes autoridades nacionales, especialmente de las autoridades locales con el gobierno nacional, con la cooperación internacional y con las organizaciones de la sociedad civil, que eran y son la primera línea de la atención humanitaria.

Si bien el nombre es Gerencia de frontera con Venezuela, el fenómeno de movilidad humana que ha causado la crisis multidimensional y la emergencia humanitaria compleja del hermano país ha impactado al Estado colombiano mucho más allá de los 2.219 kilómetros y los siete departamentos fronterizos. Por ejemplo, Bogotá, Barranquilla y Medellín son tres de las ciudades con mayor número de migrantes con vocación de permanencia y en las cuales a su vez también se requiere un alto responsable para la administración del tema que sobre pasa las competencias de las diferentes secretarías.

Quizás al gerente de frontera le falta institucionalidad desde la creación del cargo, un hibrido entre superministro, alto consejero presidencial, una especie de comisionado o un funcionario relegado a una oficina sin ventana en la Casa de Nariño. Un cargo con todo el apoyo discursivo del presidente, pero sin un presupuesto y sin un equipo adecuado para atender la tarea encomendada.

El primer gerente de frontera, Felipe Muñoz, logró trascender y convertirse en la correa de transmisión entre las instancias nacionales y locales, gracias a su vocación de servicio y compromiso con el tema, pero a un mes de su salida la gerencia de frontera requiere no solamente el nombramiento de un nuevo funcionario sino el fortalecimiento de una instancia que será determinante en el proceso de recuperación socioeconómica. El tema migratorio es también parte de los retos asociados a la COVID-19, no tenerlo en cuenta sería un error.

Se requiere un funcionario dispuesto a apropiarse del tema, con una visión favorable a la integración e inclusión con enfoque de derechos humanos, pero que también tenga capacidad para dialogar y negociar con el país político tanto nacional y regional, pero sobre todo local. Un funcionario que pueda articular la cooperación internacional, pero a la vez tenga la sensibilidad para apoyar la gestión de las organizaciones de la sociedad civil sin renunciar a la tarea de organizar la respuesta humanitaria.

Entre las tareas del nuevo gerente de frontera se esperaría que asumiera el liderazgo de impulsar la ley migratoria, así como la nueva ley de fronteras, de forma articulada y edificando el consenso político requerido para que el Estado colombiano tenga un marco jurídico que le permita enfrentar uno de los retos de movilidad humana más importantes del mundo. 

Un cargo con una alta visibilidad mediática pero cuya tarea central se fundamentará en explicar a la sociedad las implicaciones y consecuencias favorables de la integración e inclusión migratoria, y a la vez responsable de contener la instrumentalización política de la xenofobia en medio de las grandes tensiones sociales. Un funcionario en diálogo permanente con los medios de comunicación nacionales y locales, y dispuesto a escuchar las recomendaciones de la academia.

No se necesita un falso “tecnócrata” desconectado de la realidad nacional tratando de implementar algún modelo de administración migratoria, tampoco un político que quiera usar el tema como plataforma para su próxima campaña, y mucho menos alguien que quiera sacar provecho de los recursos y del mercado humanitario que mueve el tema migratorio.

El caso de la movilidad humana proveniente de Venezuela requiere construir respuestas ajustadas a las necesidades del fenómeno, construir el consenso nacional para evitar que la polarización tan propia de la política colombiana contamine el tema. Y es un buen momento para establecer la estrategia, elegir certeramente un funcionario, ampliar sus capacidades y herramientas para impulsar el proceso legislativo, pero al mismo tiempo ir construyendo la política de atención, integración e inclusión de las personas en movilidad humana del Estado colombiano.