Durante la primera semana de gobierno del presidente Iván Duque Márquez se conocieron algunas reformas que trazarán la ruta de su administración, pero otras están en ciernes. 

Una de las más esperadas es la reforma a la justicia, que a pesar de las iniciativas de los últimos gobiernos para tramitarla, ha fracasado. 

La más reciente fue el Acto Legislativo 02 de 2015, conocido como el “equilibrio de poderes”, que luego de ser aprobado en el Congreso de la República, no pasó el estudio de la Corte Constitucional. 

Así se frustró uno de los proyectos más ambiciosos para cambiar el sistema judicial, claro está, en su componente administrativo. 

El “equilibrio de poderes” se olvidó del objetivo principal de la reforma, esa que se pide a gritos, y se enfocó en reducir la potestad de los magistrados, atacando el ejercicio de poder de la Administración de Justicia.

La verdadera reforma que claman los ciudadanos es aquella que se ocupe de buscar mecanismos para facilitar el acceso a la justicia, que no haya negación de ese servicio esencial que debe estar al alcance de todos. 

La reforma que esperan los colombianos es aquella que sea pronta, que un proceso no se resuelva en cinco, seis o diez años después de iniciadas las investigaciones, que realmente cumpla con los términos estipulados en las normas que consagran la oralidad. 

El problema es que a pesar de que fueron creadas herramientas para hacer que la justicia tenga celeridad y sea eficiente, éstas no han cumplido sus objetivos. 

Por ejemplo el Sistema Penal Acusatorio que entró en vigencia en enero de 2005, tenía ese propósito, pero el caos que hay en los despachos judiciales permite que la congestión sea igual, la agilidad que buscaba la norma se perdió en maniobras dilatorias que hacen que audiencias que deberían ser ágiles, tarden meses en practicarse. 

La reforma que se requiere es aquella que propenda por una buena atención al ciudadano. Los servidores judiciales olvidan que están para prestar un buen servicio y orientar al usuario. 

Esa reforma debe buscar la descongestión judicial, que es un mal que afecta el buen desarrollo de los procesos. 

Contener mecanismos para exigir transparencia en la Administración de Justicia, la responsabilidad de que haya equidad y justicia en una sociedad recae mayoritariamente en sus jueces, si la justicia se corrompe todo lo demás está mal.

Por supuesto que temas como despojar de las funciones electorales a las Altas Cortes, despolitizar el nombramiento de magistrados, reestructurar el sistema de gobierno judicial, están llamados a integrar un proyecto que busque mejorar la justicia en Colombia, pero no debe ser la esencia de la iniciativa, que tendrá que atender los requerimientos del ciudadano, al fin y al cabo son ellos la razón de ser de la administración.

Se requiere una justicia oportuna, eficiente, recta, que sus instituciones mejoren su imagen porque gozan de credibilidad y respeto, hacia esa meta deberían estar encaminadas las reuniones que buscan un consenso para mejorar la justicia y lo más importante para alcanzar ese propósito es la voluntad de cambio.