Luego de décadas de estar siendo aplicada, es obvio que la globalización neoliberal consiste en crear un mercado de envergadura global, para que los capitales trasnacionales de esa misma talla, localizados en cada país, hagan negocios entre ellos mismos. En ese mundo pueden moverse libremente los capitales y las mercancías, mas no las personas del común, condenadas a quedar presas en los países satélites de la potencias, y el poder del Estado se pone al servicio de los monopolios para que puedan arruinar, anquilosar o expoliar en sociedades leoninas a todos los capitalismos nacionales, empezando por los medianos y menores, pero sin excluir a los mayores. Como el concepto de clase media es relativo, ahí pueden caber incluso los de arriba a quienes les entre a competir algún King Kong extranjero.
Aurelio Suárez explica que la línea es imponer en todos los sectores lo que él llama el Modelo Transmilenio (http://bit.ly/2a4gplc), consistente en entregarle a un puñado de magnates –subsidiados y protegidos por un Estado a su servicio–, el monopolio del gran negocio que antes compartían miles de pequeños y medianos empresarios. La razón última del paro camionero reside en el rechazo de esta clase media empresarial a la exigencia de Estados Unidos para que se tomen medidas que monopolicen el transporte de carga (http://bit.ly/29CpAoI). Y crecen los reclamos de los pequeños propietarios de estaciones de servicio de combustibles porque la trasnacional Terpel está usando el poder de la gran ganancia de la distribución mayorista de los combustibles para desplazarlos y tomarse también el comercio minorista (http://bit.ly/29OVbWW).
La ultra concentración del comercio al detal, que desplaza a los pequeños y medianos empresarios, avanza a toda máquina, bajo el libertinaje de poder instalar grandes superficies en cualquier parte, contrario a lo que sucede, por ejemplo, en Europa, donde les ponen límites (http://bit.ly/29JFAox). Los hipermercados además incursionan en el negocio de las bombas de gasolina, las agencias de viajes, el corretaje de seguros y en lo que se les antoje, desplazando también a quienes no son de su talla monopolística, tamaño que igualmente usan para imponerles condiciones leoninas a sus proveedores agrícolas e industriales. Estas trasnacionales, más otras especializadas en el formato de los supermercados de escala reducida, con toda agresividad arruinan, persiguiéndolos de barrio en barrio y de pueblo en pueblo, a los tenderos y a los comerciantes menores. Y es notorio que las multinacionales de las ferreterías y las farmacias desplazan a la clase media que por décadas vivió de ese sector.
Abierta o solapadamente, crece la retórica que de manera falaz sostiene que entraban el progreso del país las explotaciones agropecuarias inferiores a las de decenas de miles de hectáreas, discurso anticampesino e indígena, por supuesto, pero que también se dirige contra el empresariado rural de clase media, víctima como los que más del libre comercio que lo empuja hacia la ruina y la pérdida de sus tierras.
Como otro ejemplo de lo que ocurre, cada día le entregan más la contratación pública de infraestructura a unas cuantas trasnacionales y banqueros, que sacan del negocio a las firmas de ingeniería menores, y hasta a algunas mayores, sin siquiera aportar capitales de riesgo dignos de ese nombre. Y se probó que Vargas Lleras cambió la ley para poder concentrar la construcción de las cien mil casitas entre unas pocas grandes empresas y entregarle al mayor banquero del país la intermediación de cuatro billones de pesos.
De esta manera, cabe la pregunta del título de este artículo, al igual que plantear el debate sobre el tipo de capitalismo que debe darse en Colombia: si uno absolutamente monopolizado, y ojalá por los extranjeros y su capital financiero, como el que impone Juan Manuel Santos, o si otro en el que también quepan y prosperen las empresas y el empresariado nacional no monopolista, es decir, la que puede llamarse clase media empresarial –y la asalariada, por supuesto, también maltratada de tantas maneras–, sector que le ofrece al interés nacional una ventaja principalísima: que no actúa con el principal objetivo de las trasnacionales, el de montarle a cada negocio un dolarducto, un tubo por el que les exportan a sus casas matrices los dólares de la riqueza que se crea en el país.
Santos y Vargas Lleras pusieron de fiscal al representante en el país de la mayor trasnacional de abogados del mundo, selección que no tiene nada que ver con lo democrático y sí todo con lo plutocrático. “Es que ustedes no saben quiénes somos”, expresan con cinismo.
