Nicolás Maduro insiste en recomponer las relaciones consulares y diplomáticas con el Estado colombiano y el gobierno de Iván Duque se niega a establecer cualquier canal de diálogo argumentando principios democráticos, y es comprensible, el presidente Duque ha centrado su discurso internacional en la confrontación con la dictadura venezolana y debe pensar que cualquier cambio en su postura podría ser considerado una concesión o incluso el fracaso de su apuesta por el tan mentado “cerco diplomático”.

La política exterior no es un tema de principios sino de intereses y sobre todo de responsabilidades. Y en el caso de la relación bilateral con Venezuela no se puede reducir la relación a la retórica discursiva del deber ser, el augurar deseos o el planteamiento de actos simbólicos. No se puede confundir la postura contra la dictadura chavista con la negación de la relación, e incluso si lo que se pretende es una postura en favor de la reconstrucción de Venezuela, no se puede limitar la acción del Estado colombiano a la parálisis bilateral o a la imposibilidad de liderar una respuesta multilateral.

Es quizás el peor momento de la relación colombo-venezolana del cual se tenga registro y en un contexto caracterizado por los mayores retos y desafíos: el fenómeno de movilidad humana, las dinámicas del post-acuerdo en la zona de frontera y la reacomodación de actores, el crecimiento exponencial de una economía fronteriza que pasa por lo legal, lo informal y lo ilegal, todo sumado a los históricos problemas de la relación bilateral.

Desde el llamado a consultas de nuestro último embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, en marzo de 2017 hasta la expulsión de todo el cuerpo diplomático y consular, ya hace un año, la institucionalidad para el abordaje del tema Venezuela se ha venido reduciendo a su mínima expresión.

De todo el aparataje institucional que se requiere para el relacionamiento entre los dos Estados no queda nada, las comisiones de frontera, las comisiones presidenciales, las embajadas y hasta los consulados han desaparecido. El chavismo de Chávez y el chavismo de Maduro han sido constantes en destruir los instrumentos institucionales que se construyeron a lo largo de dos siglos para resolver las diferencias entre los Estados y llevar la relación hasta el punto en el cual se encuentra hoy. Incluso valdría la pena cuestionarse, si esto no es parte de la estrategia internacional del chavismo, quien siempre identificó a Colombia como un adversario en su propósito expansionista.

Quizá se mordió el anzuelo y el Estado colombiano no sólo permitió la destrucción de toda la institucionalidad bilateral, sino que la desidia de los gobiernos de los últimos 20 años, ha permitido la reducción del aparato estatal dedicado a estudiar y hacer el seguimiento de Venezuela, o peor aún se ha dado una prelación de los temas de seguridad distorsionando la lectura e interpretación.

Colombia necesita retomar las relaciones consulares y diplomáticas con el Estado venezolano, el cual es controlado dictatorialmente por Nicolás Maduro, pero la posición del gobierno Duque hace imposible, por el momento, que se avance en esa dirección. No obstante, el Estado colombiano requiere con urgencia un alto responsable para la relación con Venezuela, una autoridad encargada de pensar y formular la relación en el corto, mediano y largo plazo con nuestro vecino más importante. Se requiere una institucionalidad dedicada exclusivamente a diagnosticar y evaluar las complejidades del caso venezolano, a realizar una lectura propia y orientada en función de los intereses y las responsabilidades del Estado colombiano.

Por ejemplo, se requiere que dicha institucionalidad analice la información sensible de seguridad, más allá de las interpretaciones de riesgo y potenciales amenazas, que filtre y contraste la información proveniente de los cuerpos de inteligencia, que constate y corrobore los datos e información que sustentarán las posiciones oficiales del Estado colombiano y así evitar repetir el error del informe presentado por el presidente Duque en la pasada Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Incluso los Estados Unidos, que tiene una postura tan beligerante contra el régimen de Maduro, tiene un funcionario con la formación y experiencia del señor Eliott Abrams y hasta una oficina en su embajada en Colombia encargada de hacer el seguimiento al caso venezolano.

Hoy más que nunca Colombia necesita y requiere institucionalidad para el abordaje del tema venezolano, una institucionalidad superior a los intereses del gobierno de turno, que lo entienda como una prioridad para el Estado y empiece a formular las políticas de respuesta a las complejidades de la relación con Venezuela, independientemente de que Maduro salga o continúe en el poder.

@ronalfrodriguez

Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.