A punto de completar tres años de su periodo presidencial, el presidente Duque cuenta ya con suficientes credenciales ante sus bases electorales de extrema derecha, en cuanto al cumplimiento de sus compromisos de campaña contra el acuerdo de paz. Nadie se las podrá negar en los sectores radicales del uribismo, comenzando por su jefe natural. No importa el costo para el país de la “coherencia” de Duque, quien perdió la oportunidad histórica de unir a los colombianos alrededor de la implementación integral de la Paz con las Farc. Prefirió quedarse estacionado en el pasado, incapaz de avizorar el futuro. Escogió el camino del lugarteniente fiel y desechó el del estadista visionario. Con esa decisión sepultó su gobierno y produjo un enorme daño al país. Hoy pagamos las consecuencias, en un país con un presidencialismo exacerbado.

La buena noticia para la Paz es que no pudieron hacer trizas los acuerdos que siguen hoy intactos en la Constitución y las distintas normas legales. La mala es que engavetaron su implementación, disminuyeron recursos de inversión y redujeron el acuerdo de manera simplista a la reincorporación de 13.000 excombatientes. Nada se hizo en estos tres años en protección de la vida de líderes sociales, desarrollo rural, sustitución social de cultivos o profundización de la democracia, elementos esenciales de un acuerdo que va mucho más allá de las Farc y contiene una agenda de transformaciones sociales y políticas vitales para la modernización de la sociedad colombiana. 

En estos tres años el gobierno nacional y el uribismo se dedicaron primero a entorpecer el arranque de la JEP, cuando en decisión sin precedentes objetaron una ley estatutaria. Metieron al país en un debate absurdo e innecesario, cuyo resultado final fue que el propio Congreso rechazó las objeciones y obligó al gobierno a sancionar la ley. También gastaron energías oponiéndose al acto legislativo que crea las 16 curules de paz para las víctimas del conflicto en los 170 municipios PDET. Con toda clase de leguleyadas dilataron decisiones de la justicia, hasta que finalmente la Corte garantizó a las víctimas sus derechos políticos. Y ahora el gobierno logró, en un acto de malabarismo político sin antecedentes, hundir una ley que ellos mismos presentaron, que creaba la Jurisdicción Agraria, contemplada en el acuerdo de paz. La dejaron morir y completaron tres años sin aprobar ninguna norma de implementación. Si quedaba alguna duda en la comunidad internacional sobre la posición del gobierno frente al acuerdo, se 
despejó esta semana. Sin mencionar la intervención hace unos meses de la canciller Blum ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde señaló que las disidencias de las Farc eran responsabilidad de los integrantes del Partido de los Comunes o la obsesión de senadores del CD por acabar los procesos de restitución de tierras a campesinos despojados por los violentos. 

Esta actitud abiertamente contraria a la Paz y las decisiones autoritarias de las últimas semanas a propósito del paro, como la militarización de las ciudades, la represión oficial a la protesta pacífica y la última perla de hace unos días al restringir el derecho a la protesta por vía de un decreto abiertamente inconstitucional, confirman que Uribe y su partido decidieron gobernar para sus minoritarias bases electorales e ignorar a la inmensa mayoría de colombianos. 

Para rematar el triste panorama de un gobierno uribista al que le queda algo más de un año, consolidaron unas mayorías que en los últimos días de sesiones aprobaron proyectos de la mayor trascendencia para el país como el Día Nacional del Carriel, la Creación del Día Nacional de la Novia Eterna de Barranquilla o la Conmemoración del Día Nacional de la Mutualidad. No tuvieron tiempo ni quorum para aprobar la Ley que prohíbe el fracking o la ya mencionada de la Jurisdicción Agraria. Ese es el país del uribismo que sufriremos un año más y que la inmensa mayoría de los colombianos derrotaremos en forma contundente en democracia, en las urnas, en el 2022. 

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