La civilización Occidental dispone de dos modelos económicos, el de economía de mercado, cuyo éxito ha permitido llegar a la sociedad humana a los niveles de desarrollo actuales, y la economía de producción centralizada en el Estado o colectivista, que siempre ha llevado a la pobreza a los estados que la han impuesto. Esto no es una opinión es un hecho que la historia permite probar. El primer modelo económico es lo que defiende la llamada derecha política; el segundo, la izquierda.

La concepción social de la Democracia liberal basada en la libertad individual, es el mejor marco político para aplicar una adecuada economía de mercado; el socialismo, hoy camuflado como progresismo, es el modelo de Estado en el cual unos “iluminados” interpretando a esa masa informa llamada “pueblo”, en nombre del “bien común” que ellos definen y de la venganza de los pobres explotados por los ricos, en una lucha de clases que ellos maniqueamente plantean, asumen el control de los medios de producción para dar “equidad”.

El discurso socialista que más bien parece un cuento de hadas esconde la captura del Estado por una camarilla que a la fuerza se sostienen en el poder, mientras destruyen cualquier creación de riqueza y convierten al ciudadano individual en rehén del Estado.

Los servicios públicos, especialmente los domiciliarios, son de la esencia de cualquier modelo de Estado. La concepción democrática es que se debe garantizar que estos se presten de manera universal, con la mejor calidad y a un costo óptimo dictado, por la sostenibilidad empresarial del prestador del servicio, independientemente de la propiedad de los activos, mientras que el socialismo exige que los preste directamente el Estado. En el primer caso, el prestador del servicio debe esforzarse por cumplir lo exigido para los clientes bajo regulación estatal, en el segundo, solo siente lealtad hacia el líder y su voluntad, por lo que el cliente no está en la ecuación. 

En Colombia, donde supuestamente somos una democracia liberal con economía de mercado, ambas funcionando cada vez de manera más imperfecta pues el enfoque es hacia el colectivismo, se implantó el modelo de prestadores de servicios públicos, independientes de su condición accionaria, privada, mixta o pública, en un modelo que aunque imperfecto, como el de salud, ha permitido ampliar la cobertura de servicios casi universalmente con calidad entre media y buena que asumió la “equidad” en su modelo.

La estratificación socioeconómica, que suena repelente, se creó para permitir subsidios cruzados entre los estratos socioeconómicamente más pudientes, el comercio y la industria, y los de menor poder económico, para obtener un servicio de la misma calidad. Cuando se dio la participación privada allá por los años 1994, los estratos 1 y 2 de la base de la pirámide, aún podían ser equilibrados con los estratos 5, 6 y el comercio, los de mayor poder adquisitivo. Se proyectó el modelo con un crecimiento económico constante que hiciera suficiente la equidad con los subsidios cruzados.

El Estado recibía las contribuciones y giraba a los agentes si el cruce era negativo y usaba para eso los superávits. Si el fondo al final era deficitario, el presupuesto nacional cubría ese déficit, girándolo a los agentes. 

Pero llegó la visión progresista, enemiga de la creación de valor y afecta a un estado creciente y supremo dador de bienestar al “pueblo” y el país entró en etapa crónica y creciente de subdesarrollo y el fondo fue crecientemente deficitario. Cuando llegó el gobierno progresista decidió, como con el sector salud, no girar los recursos, expropiando de alguna manera a los agentes.

Hoy está en riesgo el suministro energético del país por esa posición progresista y se justifica con consignas ideológicas estúpidas. Subsidios sin crecimiento económico es suicidio social.
Sería bueno, como sostienen los izquierdistas, dejar que las contradicciones lleguen hasta la ruptura del sistema y aprovechar para desmontar el estado social-ista de hecho. Esa utopía, como toda utopía es irreal.

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