A la inocua petición que el gobierno colombiano elevó ante el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y presidente encargado de la transición, Juan Guaidó, por el caso de Aída Merlano y todo el rifirrafe de la negativa de retomar las relaciones consulares se suma otro hecho que pone en evidencia la falta de una estrategia diplomática de Estado frente a Venezuela.

El pasado 16 de enero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia publicó un comunicado de prensa bajo el título: Por unas elecciones libres y transparentes en Venezuela en 2020, en el cual aparentemente se fija la posición del Estado colombiano frente a la situación de su vecino más importante.

Llama la atención la pasmosa similitud que guarda con la declaración del vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 9 de enero, como lo denunció el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, o el error de señalar el papel de una comisión nacional electoral en lugar del Consejo Nacional Electoral.

El comunicado de prensa deja mal parada a la diplomacia colombiana, que frente a un tema tan delicado se limita a copiar y pegar la postura norteamericana sin considerar sus implicaciones, y el error en la referencia a la autoridad electoral demuestra la poca preparación de este, el cual seguramente debió ser aprobado por la canciller Claudia Blum antes de ser publicado.

En el comunicado con bastante soberbia la “diplomacia” colombiana establece la ruta para “poner término a la crisis que afecta al país (Venezuela) y a su población”, y en el cual incluso se llega a afirmar que “cualquier proceso que se desvíe de esta ruta (la señalada por la cancillería colombiana) no puede ser considerado como legítimo o creíble”.

Aparte de las expresiones valorativas: “La Venezuela próspera del pasado ha dejado de existir”, que no deberían tener lugar en un comunicado de la Cancillería, se establece un antecedente bastante preocupante en materia de las relaciones bilaterales. ¿Puede Colombia establecer una ruta para resolver la crisis venezolana? ¿Puede dictar la cancillería quiénes y cómo deben constituirse y comportarse las instituciones venezolanas? ¿Pueden las autoridades colombianas arrogarse lo que es legítimo y creíble en Venezuela, o lo que no?

En cualquier otro escenario esto implicaría una protesta inmediata del Estado venezolano, tanto del dictador Maduro o del presidente encargado Guaidó. Pero es tal la distorsión de la relación con Venezuela que por sostener un discurso político se hace trisas la política exterior colombiana y de paso se establecen terribles precedentes en la relación bilateral.

Los ocho puntos que conforman la supuesta ruta para la recuperación de Venezuela es una preocupante intromisión en la política interna del hermano país, y asumir una postura unilateral que cierra completamente cualquier espacio para eventuales negociaciones o acuerdos que se desarrollen en el futuro por las partes, excluye completamente a Colombia de jugar un papel en la resolución de la crisis, a pesar de ser el país más afectado y con más intereses en la recuperación.

Nada en ese comunicado se puede justificar arguyendo que es una actuación dictada por los principios democráticos, porque precisamente suponer que se puede imponer a otro país, a otro pueblo, a otro Estado, una única forma de cómo resolver sus problemas, una única ruta dictada desde el exterior, es muy poco democrático.

No se puede confundir el deseo por la salida de la dictadura de Maduro y la reconstrucción del hermano país, con el establecimiento de peligrosas posturas injerencistas y de intromisión en los asuntos internos de Venezuela, más aún cuando limitan la capacidad y margen de acción del Estado colombiano en el futuro.

El comportamiento de los encargados de los asuntos del Estado colombiano no se puede orientar por las simpatías que guardan con determinados sectores de la oposición venezolana, no pueden permitirse quedar reducidos a instrumentos de actores políticos en coyunturas específicas. Las responsabilidades de Estado trascienden las coyunturas.

Independientemente de la dictadura de Nicolás Maduro, la Cancillería colombiana como representante del Estado tiene responsabilidad de Estado, y no puede establecer precedentes que en el futuro se puedan revertir contra Colombia. La relación de Colombia no es con Guaidó o con Maduro es con el Estado venezolano.

Lo único bueno de dicho comunicado es que se compromete el Estado colombiano, por medio de su Cancillería a: “facilitar el proceso para que los ciudadanos venezolanos, donde quiera que estén, ejerzan sus derechos de participación electoral mediante su voto, de manera libre e informada”, y a “suministrar el apoyo técnico que sea necesario para facilitar el proceso de registro de votantes”, pero es altamente probable que los encargados de la diplomacia no se percataron de las dimensiones de la responsabilidad que esto implica.