En artículo anterior decía que había escasez de diversos fármacos en enfermedades de alta complejidad como la diabetes, el cáncer, pero también había faltantes para quimioterapias, remedios para el H.I.V, psiquiátricos, coagulación y electrolitos, para la hipertensión, y otros implementos necesarios para las UCI, lo cual coloca en alto riesgo la salud de los pacientes de enfermedades catastróficas.

Múltiples pueden ser las causas de esta situación, no solamente por escasez de drogas sino también por la situación financieras que han sufrido las EPS.

A nadie escapa que es menester efectuar ajustes a las EPS, para que se haga más efectivo el tratamiento al sistema de salud colombiano, pues evidentemente a veces se suscitan fallas en el otorgamiento de citas por la inexistencia de contratos o por ausencia del pago oportuno por la contraprestación del servicio que se traduce en una falla del servicio con grave riesgo para la población que requiere esos servicios.

El congreso ordenó el archivo de la modificación al sistema de salud, cuando el gobierno ha debido ser más prudente y haber aceptado las críticas que se hacían de los entes especializados en salud para beneficio del pueblo colombiano y mejoramiento del mismo.

Es realidad palpable que hay fallas en el servicio y lo importante es haber tomado las medidas para corregir las fallas existentes.

Casi simultáneamente con la orden de archivo de ley se ordenó la intervención de dos entidades importantes prestadoras de salud entre ellas Sanitas y la Nueva EPS, indicando también Compensar EPS que no seguirían prestando sus servicios de salud.

Realmente esto podría generar una grave crisis en el tratamiento de los 50 millones de colombianos cabe resaltar que se habla de la intervención de Sanitas desde el aspecto financiero, siendo pertinente preguntarnos si cuenta la superintendencia con el personal idóneo y capacitado para entrar a manejar empresas distintas en su función como es la supervisión y control, que es diametralmente opuesta a su función natural lo que podría conllevar a mayores dificultades por desconocimiento de la toma de decisiones y análisis en materia de salud.

Y este hecho debemos articularlo con la permanente manifestación del presidente Petro de querer acabar con las EPS y prueba de eso es que existe atraso en el pago de los servicios prestados de las EPS por medio de las IPS; no podemos pasar por alto que el presidente no acudió a una ley estatutaria sino a un proyecto de ley ordinario cuando con el primero de ellos era obligatoria la revisión del mismo por la Corte Constitucional.

De allí la oposición de las EPS que ciertamente tienen fallas, pero corregibles pues partir de un sistema totalmente nuevo con más de 23 millones de afiliados significaría grave riesgo para la salud colombiana.

Todos estos factores deben ser analizados detenidamente pues mientras se organiza el nuevo sistema significaría vulgar atraso en detrimento de los usuarios.

Por ello, el gobierno debe adoptar decisiones que no trasgredan el orden penal por omisión.

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