En la posesión del nuevo director de la Policía Nacional, Henry Sanabria Cely, el presidente Gustavo Petro planteó la idea de la seguridad humana. En un país donde el discurso de la seguridad está asociado con el uso de la fuerza y ligado con tendencias políticas de derecha, es necesario aclarar este concepto y mencionar algunos de sus efectos prácticos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) inició esta discusión en 1994. En ese momento definió la seguridad humana de una forma amplia y simbólica: es la posibilidad de que los seres humanos vivan libres de necesidad y de temores.
Además, relacionó esta idea con la seguridad económica, alimentaria, en salud, ambiental, personal, de la comunidad y política. Y finalizó explicando que la seguridad humana es universal, interdependiente (cuando se afecta la seguridad de un país, es probable que se afecten otros países), preventiva y centrada en el ser humano.
Podría pensarse que este catálogo de buenas intenciones es imposible de materializar bajo las circunstancias adversas que vive el país. Sin embargo, en mayo de 2022 se publicó el informe No es tarde aún de la Fundación Ideas para la Paz – FIP, en el que se proponen trece ideas y acciones mínimas para garantizar la seguridad en Colombia. En esta ocasión me voy a referir a cinco de estas ideas que encajan en un concepto más amplio de seguridad.
Las políticas de seguridad ciudadana no pueden estar limitadas por municipios. Es necesario integrar zonas geográficas que, a pesar de estar en municipios o departamentos diferentes, comparten regiones con patrones similares de criminalidad. Un ejemplo de ello son los planes de seguridad de los municipios de la región fronteriza.
La reducción del homicidio, uno de los índices de medición de la inseguridad, implica también la reducción de su impunidad. Por ejemplo, en Norte de Santander solo se logran esclarecer alrededor de 35 de cada 100 homicidios. Por ello es necesario una mayor tecnificación en las labores de investigación judicial y establecer reglas para la priorización de ciertos casos.
La protección de la ciudadanía, y la reducción de índices delictivos y de economías ilícitas debe ser uno de los índices hacia los que debe girar las políticas de seguridad. La lucha contra organizaciones criminales no pacifica, por sí misma, a las regiones.
La persecución penal de grupos criminales necesita estar menos dispersa, contar con mayor articulación y apoyo logístico, y propiciar la utilización del principio de oportunidad para afectar en mayor medida a los grupos que generan más violencia.
Fortalecer los sistemas de justicia local en los centros urbanos y rurales. Con esto se contribuye a evitar que los ciudadanos se vean envueltos en problemas que pueden terminar en lesiones u homicidios; y, en lo rural, se amplía la presencia del Estado para resolver problemas que usualmente dirimen los grupos criminales presentes en estas zonas.
Algunas de las propuestas planteadas en el informe de la FIP se pueden aplicar haciendo ajustes de enfoque y sin que ello signifique un traslado enorme de recursos. Hay cambios que se vuelven perceptibles cuando se modifica el discurso y para los que -seguramente- no es tarde aún.
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