Comienza el segundo tiempo de la administración Petro. En medio de un cúmulo de complejidades –la mayoría creadas por el propio Gobierno– se suma ahora la delicada situación de Venezuela. Las declaraciones del Presidente y el canciller Murillo han sido tibias y le han dado oxígeno a la tiranía de Maduro. El país espera una defensa clara y contundente de los principios democráticos, incluyendo la publicación de todas las actas de votación y el reconteo por parte de organismos verdaderamente independientes. Esta reacción les costará políticamente a ambos, pues el mismo Maduro los dejó en evidencia cuando dijo que la paz de Colombia dependía de la estabilidad del régimen venezolano.
El momento actual no es bueno para Gustavo Petro, como quedó claro durante la instalación de las sesiones del Congreso. Como pudo, el Presidente trató de capitalizar las cifras favorables, que son pocas. Una de ellas es la reducción de la pobreza, que, al contrario de lo que dijo, nada tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Independientemente de sus causas, los pocos datos positivos no logran contrarrestar una realidad: la economía está estancada por causa de la falta de confianza y la fuerte caída de la inversión. Además, como era de esperarse, el desempleo ya comenzó a subir. En el último año se perdieron cerca de 130.000 empleos, todos ellos de mujeres, lo cual es muy preocupante.
Además de lo económico, los escándalos de corrupción tienen al Gobierno a la defensiva. La opinión pública siente una enorme frustración: el gobierno del cambio empeoró las cosas. El propio Presidente dijo que la corrupción estaba incrustada en la administración pública y que funcionarios de toda su confianza, nombrados por él, habían traicionado sus ideales. Eso se entiende como un mea culpa, pero dista mucho de ser una buena explicación.
La falta de respaldo político ya es evidente, empezando por las mesas directivas en las comisiones del Senado que quedaron en manos de los partidos de oposición. Todo esto indica que, afortunadamente, la convocatoria a una constituyente y la adopción del llamado fast track para aprobar leyes y actos legislativos no despegarán. La conclusión de todo esto es que Gustavo Petro no estará en el tarjetón de 2026.
A la luz de todo esto, ¿qué cabe esperar del segundo tiempo del gobierno Petro? Aunque ya no sea candidato, no creo que nadie espere grandes cambios en su estilo de ejercer la presidencia. No habrá grandes reformas, pero eso tampoco significa que el Presidente se concentrará en la ejecución y los resultados. Las metas en materia de vías terciarias, cupos universitarios, instituciones educativas, y tantas otras, tristemente se quedarán en el tintero. Habrá más subsidios y prestaciones, como en el caso de las primas de la Fuerza Pública que aprobaron esta semana. Esa es la estrategia política.
Por ello, una de las mayores complejidades de los próximos dos años será fiscal. Al presupuesto del presente año aún le falta otro recorte, y al de 2025, que acaba de radicarse, le faltan ingresos de 12 billones de pesos. El país está en una encrucijada: o el Gobierno recorta drásticamente los gastos de funcionamiento, o asfixia la economía a punta de impuestos adicionales. Como el Congreso no le va a aprobar más impuestos y el Gobierno no dará su brazo a torcer con los gastos de funcionamiento, estamos frente una verdadera bomba fiscal.
Las noticias positivas en materia económica vendrán por cuenta de la junta directiva del Banco de la República, que seguramente bajará las tasas de interés hasta 9,25 en lo que resta del año. Así las cosas, el país va a dejar de hablar de la inflación y pasará a hablar del desempleo.
Mantener la confianza y el ritmo de la economía debe ser un objetivo de todos los actores políticos, independientemente de la orilla en la que se encuentren. Debemos poner la mira en lo que ocurrirá después de 2026. Seguramente serán años de reconstrucción, coalición y transición hacia un panorama político y económico más despejado.
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