El 20 de enero la Corte Constitucional retomó la votación en torno a la despenalización del aborto entre tamboras, camándulas y consignas de personas que hacen parte de ambos sectores del debate nacional. Sabíamos que iba a ser un asunto reñido, ya sea a favor o en contra no habría mayorías, pero cuando se hizo público el resultado la tusa fue doble: no solo había empate y debíamos esperar a que se asignara una conjueza o conjuez por sorteo (con la preocupación de dejar nuestros cuerpos y vidas a la suerte del azar), además 3 de las 4 magistradas votaron en contra de la demanda, entre ellas Gloria Stella Ortiz quien ha fallado previamente a favor de la defensa de los derechos humanos y la protección de grupos históricamente discriminados.

¿Qué pasó? ¿No era suficiente contar con mujeres en esta esfera de poder para inclinar la balanza a favor de algo tan vital como la autonomía sobre nuestros cuerpos y la capacidad de decidir libremente sobre la maternidad? En este punto nos estrellamos con uno de los supuestos al interior del movimiento feminista y de mujeres: más mujeres no necesariamente significa mejor representación de nuestras agendas. Sí, debemos romper los techos de cristal para garantizar nuestra presencia en los espacios de autoridad y toma de decisiones que tradicionalmente nos han excluido, este es un paso necesario para transformar nuestras sociedades en torno a horizontes de justicia. Sin embargo, no es un paso suficiente. Necesitamos más mujeres en su diversidad de posturas pero también necesitamos, con urgencia, más mujeres feministas en los distintos poderes.

Incluso, más allá de un tema numérico, requerimos con urgencia agendas feministas en los distintos niveles de toma de decisiones pues ser mujer no garantiza una adherencia a estos principios: Martha Lucía Ramírez a nivel nacional, Milla Romero a nivel regional y, ahora, las 3 magistradas que votaron en contra evidencian esta realidad. Es el país y las mujeres que lo habitamos que exigimos con urgencia la institucionalización del feminismo por medio de las candidaturas y partidos: el derecho del aborto libre, seguro y gratuito, la justicia de género, las políticas públicas en torno al reconocimiento y redistribución de los trabajos del cuidado, la protección de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, la garantía de una vida libre de violencias contra nosotras, la protección integral de las lideresas sociales, sus procesos y la necesidad de espacios de representación con una distribución de género 50/50, la construcción de paz con enfoque de género, una política migratoria feminista y la representación de mujeres en su diversidad son algunas de las exigencias que debemos defender y exigir que defiendan.

Y también necesitamos hombres que se comprometan con eso, pero no me voy a ocupar de ello en este espacio, ni de atacar a las magistradas o mujeres en los tres poderes que no representan la agenda feminista. Están en todo su derecho de ocupar esos lugares, como cualquiera de nosotras que aspire a ello, pero nosotras también estamos en todo nuestro derecho de exigirles a aquellas que buscan representarnos que sin política feminista no hay trato. No somos un porcentaje, somos feministas y eso es un valor absoluto.