El gobierno del presidente Petro ha venido desde sus inicios, aunque sin desarrollos claros, planteando la idea de un ‘Acuerdo Nacional’ y en su intervención del 7 de agosto último volvió a reiterarlo, pero las preguntas que de allí se derivan son varias: ¿Qué es? ¿Con quiénes? ¿Cómo se logra? ¿Es una convicción real o una distracción?
Sobre ‘Acuerdos Nacionales’ hemos conocido varios en nuestra historia política, probablemente el más estudiado el llamado ‘Frente Nacional’, que fue el pacto entre los partidos Liberal y Conservador para buscar cerrar el enfrentamiento armado entre ellos o lo que se conoció como la violencia bipartidista, pero también hacer la transición del gobierno militar del General Gustavo Rojas Pinilla a la democracia liberal –este pacto estuvo aproximadamente en paralelo al llamado ‘Pacto de Punto Fijo’ en Venezuela entre los partidos Acción Democrática y COPEI y que fue posterior a la transición del régimen militar de Pérez Jiménez-; luego va a ser muy publicitado el llamado ‘Pacto de la Moncloa’ en España, en los años 70s del siglo anterior posterior a la terminación del franquismo y para viabilizar la democracia española.
Todo indica que en nuestro caso hay en principio más confusión que claridad; para algunos se trata de una coalición en el Congreso para aprobar unas iniciativas legislativas, para otros una coalición de fuerzas sociales para apoyar el programa del Gobierno; otros una coalición en el Congreso para oponerse a los proyectos del Gobierno y así sucesivamente. Personalmente considero que se debería pensar en un documento de coincidencias y acuerdos alrededor de puntos gruesos tales como la defensa de la democracia y sus instituciones –lo que incluye una reforma política y de la justicia-, de promover políticas públicas para avanzar progresivamente hacia una sociedad menos desigual, más equitativa y más incluyente y promover una política exterior que convoque a los países del llamado Sur a actuar de manera coordinada en organismos internacionales y a estimular intercambios económicos entre ellos.
Esto implica que los principales protagonistas deberían ser los partidos y fuerzas políticas, las organizaciones gremiales, sindicales, comunales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, de jóvenes, obviamente con la puerta abierta para que se vayan sumando las que quieran hacerlo. Sería interesante que un grupo de Universidades, públicas y privadas, actuaran como una especie de ‘secretaría técnica’ del mismo. Por supuesto la iniciativa de convocatoria debe estar en principio en el Presidente y él directamente o un equipo del ejecutivo que él designe pueden ser los que construyan con delegados de los participantes el contenido inicial del mismo.
De allí se podría derivar, en el ámbito del Congreso, otro tipo de acuerdo entre los partidos políticos o las bancadas alrededor de las iniciativas de reforma que se presenten.
Sería fundamental tener certeza de si se trata de una convicción política acerca de la importancia de crear un clima político de tolerancia y convivencia, dentro de la diferencia y no simplemente de un discurso para aparentar ante la opinión quién está interesado en el ‘Acuerdo’ y quienes no, aunque en el fondo lo que interese es cómo ‘cobrar’ cuentas con el pasado, a otros.
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