Muchos colombianos compartimos un profundo dolor patrio ante los eventos recientes, que lamentablemente confirman nuestras advertencias sobre el riesgo que representa para la democracia la llegada de Petro al poder.

Las declaraciones del presidente, despectivas y llenas de cinismo ante los eventos del jueves, no sorprenden. A lo largo de su vida, ha romantizado lo ocurrido en el Palacio de Justicia, demostrando que aún conserva el espíritu de guerrillero en su interior.

Como es su costumbre, culpó a todos, menos a él, por lo sucedido. De manera descarada y subestimando al pueblo, afirmó que el Gobierno no convocó a las marchas, a pesar de sus innumerables trinos y de las presiones de sus funcionarios para que la gente saliera a las calles. Incluso se hicieron públicas cartas de entidades autorizando la participación y detallando el recorrido que terminaría en el Palacio de Justicia. Pero lo más grave no es que nos consideren imbéciles, sino que logren que algunos les crean a pesar de las evidencias.

A pesar de los comunicados contundentes de la Corte Suprema, donde manifestaron la gravedad de los hechos, Petro optó por desacreditar a la prensa, calificándolo todo como fake news. Estos ataques a la libertad de prensa forman parte de su estrategia habitual para deslegitimar y silenciar cualquier denuncia o información que exponga cómo burlan la ley.

Pero resultó aún más inquietante que el viernes, cuando los ciudadanos, todavía estaban atemorizados por los hechos, los funcionarios del gobierno continuaran enviando mensajes intimidatorios. Un ejemplo de esto es el Superintendente de Servicios Públicos, quien acusó a la Corte de omisión y corrupción sin presentar pruebas, a pesar de que la institución actúa conforme a la Constitución. Además, de la instigación de la Ministra de Trabajo a volver a las calles.

También surgen inquietantes dudas sobre por qué la policía no tomó medidas para evitar que esto sucediera, especialmente cuando era claro que las protestas terminarían en la corte. ¿Fue premeditado?

La actuación de la OEA también fue un insulto flagrante al país, como señaló Humberto de la Calle en su carta al Secretario General Almagro: “Usted optó por la vía fácil de alejarse de la verdad creyendo cumplir así su tarea en la OEA. Pero lo ha hecho con aseveraciones tan categóricas que exigían una previa y mínima verificación que le hubiese permitido utilizar el lenguaje equilibrado que se esperaría de un dignatario de tan altas responsabilidades”.

No es la primera vez que miembros de organismos multilaterales actúan en contra del pueblo. Incluso he sido crítica de la gestión de Carlos Ruiz, representante de la ONU en Colombia, quien parece más un funcionario del gobierno y un aliado de los grupos al margen de la ley que un defensor de las víctimas.

Estas actuaciones socavan la confianza en estos organismos, generando una profunda inquietud por su falta de imparcialidad y compromiso genuino con la justicia.

Varios líderes de opinión piden calmar los ánimos, pero esta vez, la solución no es guardar silencio. Lo sucedido fue extremadamente grave y no puede pasar desapercibido. Debe haber consecuencias. Las fuerzas de la izquierda radical, mediante estrategias de comunicación efectivas, suelen silenciar a quienes critican acciones que ponen en riesgo a la sociedad.

He leído incluso a algunas personas sugerir que la Corte debería apaciguar las cosas eligiendo al fiscal, como si el alto tribunal estuviera actuando en contra de la ley. El único responsable de lo que está sucediendo es el presidente, a quien se le debe instar a mantener el orden público y respetar la separación de poderes.

A través de acciones extorsivas, típicas de estas fuerzas radicales, han logrado acallar a varios funcionarios, empresarios, cajas de compensación, entre otros. Nadie habla por miedo, buscando acercamientos que realmente no los ayudarán, ya que el resentimiento y el odio hacia lo privado son demenciales.

Es momento de alzar la voz y priorizar el bienestar del país sobre los intereses particulares, ya que estamos llegando a un punto de no retorno.