La política fiscal tiene dos componentes los impuestos y el gasto público que por décadas organismos internacionales e investigaciones nacionales han evidenciado que ambos componentes de la política económica han generado impactos distributivos heterogéneos y diferenciados que por un lado mantienen las brechas sociales y económicas entre grupos poblacionales y por otro lado profundizan las desigualdades regionales en Colombia, dado que estas situaciones están mediadas por una cuestión de poder como argumenta Eduardo Lora (2019) en su libro Economía Esencial de Colombia. 

En tal sentido, por estos días se discutió la llamada ley de crecimiento, título que normaliza nuestra historia de creación permanente de una reforma tributaria para cada dos años y para cada periodo de gobierno; lo cual tiene implicaciones en términos de expectativas ciudadanas, valoración de riesgos y de confianza sobre el país y por supuesto cada reforma tributaria erosiona la estabilidad jurídica que es la base de las reglas de la democracia y de los mercados.

Por tal razón preocupa la cuantía y el costo de las exenciones tributarias que se ferian bajo la ley de crecimiento que no es mas que otra reforma tributaria dado el fracaso constitucional de la ley de financiamiento. El asunto de fondo bajo esta reforma tributaria es que las exenciones disminuyen el recaudo total como dice Leopoldo Fergusson (profesor de la Universidad de Los Andes-Colombia) en un momento donde se requiere un mayor recaudo para financiar las demandas ciudadanas de más oportunidades sociales.

Por su parte la caída en el recaudo debe ser financiada de algún modo y aquí es donde no hay consensos, habida cuenta que esto implica que las tasas impositivas deben tener elementos de progresividad, ya no horizontal, como comúnmente se ha realizado en Colombia con tributos homogéneos que gravan “por igual” a personales naturales y jurídicas, lo cual representa un marcado sesgo que acentúa la inequidad en Colombia.

En el caso del gasto público que financia los programas sociales y con relación a las exenciones mismas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019) ha destacado en su reciente informe que ambos instrumentos “que benefician a los hogares y a las empresas contribuyen poco a impulsar la equidad o la productividad”.

Esto lleva a pensar que la actual reforma tributaria que se discute en el Congreso de la República puede contribuir a mantener el estado de cosas existentes o puede coadyuvar a cerrar brechas sociales y propiciar la “progresividad tributaria”, la equidad y la productividad.  En consecuencia, planteo un menú de preguntas incómodas: ¿son las exenciones tributarias la herramienta de política fiscal para propiciar un crecimiento económico con empleo estable y de calidad? 

Con los aprendizajes del pasado y del presente ¿son las zonas francas y hoy las zonas económicas y sociales especiales las herramientas fiscales para lograr mejores desempeños en eficiencia y en productividad tanto empresarial como laboral? Y no menos importante ¿es la devolución del IVA un mecanismo compensatorio para propiciar equidad y superar la pobreza en las zonas urbanas y rurales de Colombia? 

Finalmente ¿cuál es el impacto de este mecanismo compensatorio en materia de equidad entre y al interior de los grupos poblacionales en estado de pobreza y en condiciones de vulnerabilidad?

¡Por favor duden de las respuestas autosuficientes y llenas de lugares comunes!