El concepto de seguridad es uno multidimensional y polisémico –múltiples sentidos–, dependiendo desde la perspectiva en que se aborde y desde la dimensión que se quiera proteger. Incluye la seguridad ciudadana, que la entendemos como aquella que coloca el énfasis en la convivencia ciudadana –sin desconocer la necesidad de prevenir, enfrentar y controlar aquellos actores que afectan a los ciudadanos en su vida, posesiones y su entorno-, es una responsabilidad fundamental de la Policía, a diferencia de la seguridad nacional, que apunta a la defensa del Estado y sus instituciones cuya responsabilidad es de las Fuerzas Militares y de la seguridad pública que hace referencia a prevenir y enfrentar factores de criminalidad y que es responsabilidad de la Policía con apoyo de las Fuerzas Militares, si es necesario.

Pero la orientación prioritaria en el actual gobierno es la seguridad humana, que significa tener en el centro de las prioridades de seguridad al ser humano, sus derechos y de allí se deriva igualmente garantizarle el entorno en que vive.

Esto implica colocar el énfasis en las dimensiones preventivas de la seguridad, más que en las reactivas y avanzar en consolidar comunidades que se sientan libres de amenaza y donde la coexistencia entre naciones esté basada en las relaciones de confianza y cooperación.

Sin embargo, llegar a esa situación requiere recorrer un trecho, ojalá lo más rápido posible, pero durante ese tiempo se deben preparar eventuales respuestas frente a actores o manifestaciones que pongan en riesgo la convivencia tanto al interior del país como desde el exterior.

Es verdad que el actual gobierno está colocando todo su esfuerzo en la política de ‘Paz Total’ que apunta a disminuir al máximo los fenómenos de violencia y esperemos que el resultado sea el deseado.

Pero mientras eso sucede, sabemos que existen organizaciones de crimen organizado y otras con intencionalidad política, que en diferentes regiones del país están produciendo hechos de violencia, desafortunadamente ligados al control de economías ilegales –especialmente, pero no sólo, vinculadas al narcotráfico-, pero igualmente disputando el control de determinados territorios.

En relación con estos actores y actividades, las Fuerzas Militares deben diseñar una estrategia basada en modalidades de Fuerzas Especiales para tener presencia en dichos territorios y buscar neutralizar estas organizaciones o prevenir sus actividades delincuenciales que afecten a los pobladores de los mismos.

Para ello es fundamental construir unas relaciones de confianza con la población, lo que requiere una presencia mínimo semipermanente de las mismas, que les den a los compatriotas que habitan en dichos territorios la seguridad que cuentan con un apoyo legítimo y en quien confiar. Esa confianza será el almendrón de la eficacia y eficiencia de esa política. Ahí, por supuesto se puede y se debe utilizar la tecnología que sea necesaria para ser más eficaz la política, pero sin confundir los fines con los medios.

En lo externo, la tradición colombiana era considerar a algunos de nuestros vecinos, en las últimas décadas especialmente a Venezuela y Nicaragua, con quienes hemos tenido problemas limítrofes sin resolver plenamente, como ‘amenazas’ a nuestra seguridad nacional. Eso hay que dejarlo en el pasado y se trata de concebir las relaciones con nuestros vecinos como unas de amistad, cooperación y colaboración, para luchar conjuntamente –por lo menos con el intercambio de información- contra modalidades de criminalidad transnacional, pero sobretodo fortalecer la vigilancia y desarrollo conjunto de las fronteras y volver a las Fuerzas Militares y policiales de los países vecinos aliadas permanentes. Eso no impide que siempre haya por parte de la inteligencia colombiana un monitoreo permanente de las fronteras para garantizar que allende fronteras no haya preocupaciones para nuestra seguridad nacional.