Colombia no está enfrentando un solo riesgo, sino varios al mismo tiempo. Y ese es precisamente el problema.

Cuando coinciden crisis económicas, energéticas, climáticas y sociales, dejan de ser manejables por separado. Se cruzan, se potencian y terminan desbordando la capacidad de respuesta. A eso se le denomina policrisis. Colombia está entrando en ese terreno.

Hoy, ese riesgo se materializa con mayor claridad en el frente energético.

Colombia no enfrenta un apagón inevitable, pero sí un riesgo creciente que ya no admite demora. El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos (ECMWF) apuntan a una alta probabilidad de un fenómeno de El Niño de intensidad significativa, mientras que operadores del sistema como XM y el Consejo Nacional de Operación (CNO) han advertido sobre la presión creciente sobre la oferta energética en escenarios de hidrología crítica. La ecuación es clara: menos agua, restricciones en gas y proyectos que no llegan a tiempo. Ignorar esa combinación no es prudencia, es apostar a que el sistema resista sin garantías.

El respaldo debería venir de la generación térmica, pero ahí también hay fragilidades: limitaciones en la disponibilidad y confiabilidad del gas, presiones logísticas y de costos sobre el carbón y una capacidad que no siempre responde con la rapidez que exige una contingencia. Las energías renovables avanzan, pero aún no tienen la escala ni la firmeza necesarias para sostener el sistema en momentos críticos. A esto se suma un factor financiero preocupante: las deudas del gobierno nacional con el sector eléctrico siguen creciendo y ya se acercan a los $10 billones, debilitando aún más la capacidad de respuesta de la cadena.

Se requiere una estrategia que garantice la oferta de carbón necesaria para las plantas térmicas. Durante el fenómeno de El Niño 2023–2024, la generación térmica a carbón llegó a aportar hasta el 18% de la electricidad diaria, demostrando su capacidad de respuesta en momentos de estrés del sistema. En un escenario adverso, depender de un respaldo frágil deja de ser un riesgo técnico y se convierte en un riesgo país.

No es un escenario hipotético. Ya ha ocurrido. Colombia conoce el costo de subestimar la fragilidad del sistema eléctrico.

El apagón de 1992 no fue solo una crisis energética, sino un choque económico de gran escala: implicó pérdidas cercanas a 3 puntos del PIB y afectaciones al sector productivo estimadas en más de 33 millones de dólares semanales, producto de racionamientos que superaban las ocho horas diarias. Traído a valor presente, el impacto sería significativamente mayor. No fue únicamente un problema de oferta de energía, sino de falta de anticipación y decisiones oportunas.

El episodio de 2015–2016 tuvo un impacto cercano al 0,6% del PIB.

En 2024, Colombia enfrentó una de las sequías más severas de los últimos años. El río Magdalena registró algunos de los niveles más bajos en décadas, afectando transporte, abastecimiento, racionamiento de agua y actividad económica. Más de 100.000 hectáreas de cultivos se vieron afectadas y el sector agropecuario reportó pérdidas por cientos de miles de millones de pesos. Miles de cabezas de ganado murieron por falta de agua y alimento, mientras los incendios forestales aumentaron de forma considerable en distintas regiones del país.

Estos precedentes deberían ser suficientes para entender que los riesgos actuales no son inéditos, pero sí potencialmente más costosos. Hoy, con un sistema más presionado, el margen de maniobra es menor.

Repetir el impacto no sería mala suerte, sería falta de decisión.

Un aumento de apenas 1 a 2 grados en la temperatura promedio eleva la demanda de energía, reduce la disponibilidad de agua y multiplica riesgos como los incendios forestales. Algunos escenarios proyectan aumentos de hasta 2,5 grados. No es solo clima: es presión simultánea sobre todo el sistema.

Pero hay un factor adicional que agrava el escenario: la demanda de energía sigue creciendo. Y esa demanda no se podrá cubrir únicamente con la capacidad instalada actual ni con proyectos que aún no entran en operación. Colombia necesita nuevas fuentes de energía en firme.

Esto dejó de ser una discusión de largo plazo. Es una decisión que llega tarde.

La anticipación no es opcional ni exclusiva del gobierno: también compromete al sector privado, a los hogares y a los territorios.

Para las empresas, esto implica reconocer una vulnerabilidad incómoda: muchas aún operan como si el acceso a agua y energía estuviera garantizado. Para los hogares, el riesgo suele hacerse visible cuando ya se traduce en restricciones o en aumentos en las facturas, o incluso en racionamientos de agua y energía.

Pero es en el gobierno donde se define el desenlace.

El problema no es la falta de información. El país ha enfrentado El Niño antes. El problema ha sido, con frecuencia, la respuesta: fragmentada, tardía y reactiva. La policrisis no perdona esa forma de gobernar.

Anticiparse hoy implica algo más que diagnósticos: articular escenarios entre clima, energía, salud y abastecimiento; activar planes territoriales; proteger infraestructura crítica y coordinar de manera efectiva entre niveles de gobierno.

Cuando las crisis convergen, los costos se multiplican.

Y en ese contexto, el mayor riesgo no es El Niño.

Es la improvisación.

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