Esta semana, mientras el gobierno del Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro capoteaba el escándalo de las chuzadas, polígrafo, disputas entre los funcionarios del primer círculo del presidente, filtraciones y demás inmundicias, los congresistas de dicho partido anunciaban que acudirán a la CIDH para solicitar medidas cautelares para sus integrantes investigados por la procuradora Margarita Cabello.

En la declaración denunciaron que existe una estrategia sistemática desde los órganos de control por destruir su programa de gobierno y violentar su proyecto político.

En esta columna, no pretendo analizar si la procuraduría tiene la potestad de suspender o destituir a los funcionarios elegidos por votación popular, así la Corte Constitucional haya otorgado la posibilidad de hacerlo cuando la decisión sea confirmada por el Consejo de Estado, sino preguntarles a los del Pacto si no consideran que llegó la hora de hacer introspección de lo que está pasando al interior de su partido, en lugar de seguir buscando culpables afuera.

Me cuesta creer que no entiendan que el problema no es la procuradora, considerando los resultados de las encuestas reveladas esta semana, en donde la favorabilidad del presidente cae al 33.8%, en la encuesta de Invamer y baja 15 puntos porcentuales en la encuesta que le hizo la firma Cifras y Conceptos a los jóvenes.

Yo siempre me he preguntado por qué una gran mayoría de los líderes de izquierda suponen que están por encima de la ley y que pueden hacer lo que se les antoje. ¿No les parece que antes de pensar en acudir a la CIDH deberían exigirles a sus miembros del partido que respeten y cumplan la ley y que se alejen de los escándalos?

Se imaginan la defensa de la representante Boreal en la Corte Interamericana: Señores magistrados: En Colombia me están vulnerando mis derechos políticos porque los organismos de control no me permiten violar los derechos laborales de mis trabajadores ni contratar a mi pareja sentimental sin el cumplimiento de los requisitos legales, violando además el régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés.

O qué tal cuando le toque el turno al suspendido senador Álex Flórez: Señores magistrados: En Colombia me están vulnerando mis derechos políticos porque las autoridades me sancionaron por haberme emborrachado, contratado una prostituta, y por haber utilizado la fuerza con el fin de obligar a un hotel comprometido con la erradicación de la explotación sexual a dejarme entrar, además de haber irrespetado a las autoridades. Qué pena señores magistrados, pero todo esto fue el resultado de mi tristeza por una masacre que sucedió en mi país.

O peor cuando el senador Inti Asprilla declare: Señores magistrados: En mi país están violando mis derechos políticos porque me están investigando por haber humillado y gritado frente al congreso a unos humildes policías que estaban cumpliendo con su deber. Señores magistrados: Aun no entiendo por qué mi conducta mereció la indignación de millones de colombianos.

Y ya que se van a dar su paseíto por allá, explíquenle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cómo es esa teoría de la senadora Clara López en la cual se considera que chuzar a una “sirvienta” es menos grave que a un magistrado. No sabíamos que en el gobierno de los nadies el respeto por la dignidad e intimidad de las personas dependiera del cargo que ostenten.

Señores del Pacto Histórico: les aconsejo que, en lugar de estar victimizándose, pongan en orden su casa. Exijan a sus miembros responsabilidad, cordura, que se pongan a trabajar, que cumplan la ley y sobre todo que no desilusionen a esa parte de la población que votó por ustedes con ilusión. Entiendan que quienes están destruyendo su programa de gobierno; y violentando su proyecto político son ustedes mismos.