Es evidente que habiendo adoptado políticas que aquí no cesan de ser criticadas y perseverando en su aplicación le está yendo mejor a Perú que a Colombia. Dice Rodrigo Botero en un artículo que escribió la semana pasada para El Colombiano que “Perú ha aplicado una política económica ortodoxa …, y un agresivo desmantelamiento del proteccionismo arancelario”.

Añade que es notable la “continuidad que han demostrado los dirigentes peruanos con el compromiso de insertar al país en la economía mundial y que tiene una economía más próspera, más diversificada, más abierta al comercio internacional, con más y mejor empleo” y “un nivel de bienestar social creciente”.

A esto hay que añadirle los logros en política social como la reducción de la pobreza de 58,7 % de la población en el 2004, a 21,5 % en el 2016, o la de la desnutrición infantil crónica de 28,5 % en 2007 a 14,6 % en 2014.

En contraste con ello, Colombia redujo dicha desnutrición de 16 % en 2005 a 13,2 % en 2010.  Los logros recientes del Perú no solamente se deben a su política macroeconómica y a su compromiso con la apertura. También ha progresado notablemente en su organización del estado y en la forma como aplica y le hace seguimiento a sus políticas públicas. Como invitado a un seminario de la Fundación Éxito para el intercambio de experiencias exitosas para fomentar la nutrición en distintos países que se llevó a cabo en Bogotá la semana pasada tuve la oportunidad de escuchar a la coordinadora del seguimiento concertado de los programas para combatir la desnutrición y la anemia en ese país. Allá parece funcionar mejor que aquí la coordinación entre las distintas agencias responsables de programas como los de nutrición y el bienestar de la infancia.

Han organizado una Mesa de Coordinación de la Lucha contra la Pobreza en la que se ha llegado a acuerdos de gobernabilidad suscritos entre el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, los demás ministerios y agencias participantes, y con entidades del sector privado y la sociedad civil. En estos acuerdos se fijan metas periódicas a conseguir y se dispone de información confiable que permite medir el progreso de los indicadores hacia estas metas.

Ha incrementado la credibilidad, el nivel de confianza en el gobierno y su legitimidad porque los logros son demostrables. Esto ha sido fruto de la labor de ‘seguimiento concertado’ en la que participan miembros de la sociedad civil y del gobierno cuyo objetivo principal es dar fe de la validez de los resultados y construir confianza. Los que participan en este seguimiento concertado manejan una misma información y son del mismo nivel jerárquico. Esta horizontalidad en la relación es considerada un factor positivo para el éxito de la gestión de seguimiento así como la regla que han adoptado de que las decisiones se toman por consenso. En los programas sociales se le ha dado prioridad a las intervenciones que demuestran ser efectivas, con énfasis en la equidad.

A esta organización se le atribuye parte del éxito reciente de las políticas sociales en Perú a las que también ha contribuido el crecimiento sostenido de la economía y la estabilidad de las finanzas públicas.