Un interlocutor muy versado en finanzas públicas que leyó el borrador de mi artículo que publica hoy El Tiempo escribió para hacerme caer en cuenta que el mayor impulso a la inversión pública provendrá este año y el próximo de la inversión de los municipios y departamentos. El papel que juegan las entidades territoriales en la distribución del gasto público pasa inadvertido generalmente, y su contribución a la inversión pública es muy significativa. Este año puede hasta tener mayor impacto sobre el crecimiento y la actividad económica que el plan de impulso a la economía del gobierno central.
A esto se refiere el comentario que envió mi interlocutor, que transcribo a continuación con alguna intervención editorial: “En el Plan Colombia Repunta no se consideró el gran potencial de inversión que tienen las entidades territoriales en esta vigencia debido a que estas entidades cuentan con una caja muy grande a causa de la pésima ejecución del gasto en 2016, sobre la cual hay toda suerte de disculpas (haciendo la salvedad que usted hace frente a la sobretasa a la gasolina).” A este rezago, según él, se le suma “todo el presupuesto de regalías más el rezago en la ejecución de los proyectos que debieron haber sido financiado con regalías de años anteriores que fueron desaprobados”.
No sabe mi interlocutor por qué el Ministerio de Hacienda no quiere mencionar esta situación, “pues el impulso fiscal vendrá en este año y en los próximos de los mayores recursos de las entidades territoriales, dado que el gobierno nacional no tiene mucho margen de maniobra. A ello hay que adicionarle el hecho de que con la reforma tributaria se va a elevar el promedio móvil para calcular el Sistema General de Participaciones y les van a transferir muchos más recursos a estas entidades” territoriales. Añade que si no se aprovecha esa oportunidad para que los gobiernos locales asuman parte del gasto que tendría que hacer el gobierno central, una parte de estos mayores recursos de las entidades territoriales se van a esfumar en “más salarios y despilfarro”.
Es una oportunidad que no se debe dejar pasar de acomodar gasto a nivel local y desahogar un poco al gobierno central. Mi corresponsal se muestra escéptico sobre lo que van a concluir los miembros de la comisión que se ha nombrado para recomendar formas de recortar el gasto público. Dice que san a proponer “lo de siempre: Una reforma pensional, reducción de gastos generales, etc. Y en algunos casos van a decir que hay que aumentar el gasto”, cuando habría que aprovechar la holgura financiera de los gobiernos locales para que cumplan sus obligaciones de provisión de agua potable y acojan parte del gasto social.
Es notorio el poco esfuerzo que ellos han hecho para asumir responsabilidades de gasto social que les corresponden, como fue la intención original consignada en la Constitución de 1991. Tiene mucho sentido hacer notar que la descentralización de los recursos de regalías para financiar investigación científica ha sido una equivocación porque los departamentos no están preparados y no se previeron mecanismos para evitar malas decisiones (ver columna de Moisés Wasserman en El Tiempo el jueves pasado).
