La historia reciente de nuestra región, y de forma cada vez más apremiante la de nuestro propio patio, nos enseña que el deterioro de la democracia no siempre ocurre mediante un estallido fulminante, sino a través de una erosión lenta y metódica.

El modelo de gestión que hoy nos gobierna, amparado en una retórica de redención social, ha demostrado una capacidad asombrosa para mimetizarse con los vicios que juró erradicar. Lo que inicialmente se presenta como una gesta por la igualdad termina convertido en una maquinaria estatal de propaganda cuya única prioridad es la preservación del poder a cualquier costo.

Bajo este esquema, las instituciones no se transforman para servir mejor al ciudadano, sino que se asfixian para que dejen de incomodar al gobernante, debilitando ese tejido invisible, pero vital que sostiene a una nación: la confianza. Es imperativo recordar que Venezuela no se convirtió en Venezuela en cuatro años; su colapso fue una arquitectura del desastre que fue avanzando a fuego bajo, mientras la sociedad se iba acostumbrando a lo inaceptable.

El método es previsible y, por lo mismo, profundamente preocupante. Se inicia con la colonización de los entes de control y el hostigamiento a la independencia de poderes, un goteo constante que busca normalizar la arbitrariedad. Hemos visto cómo  se intenta mermar las Cortes, la prensa, el sector privado y ahora la legitimidad técnica y la reputación del Banco de la República mediante narrativas falaces que buscan subordinar la estabilidad monetaria a los caprichos del gasto ideológico.

A esto se suma un desbordado gasto público del Gobierno Petro, que rompió la Regla Fiscal en favor de una expansión burocrática sin precedentes, donde el presupuesto se utiliza más como herramienta de cooptación política que como motor de desarrollo real. No se trata solo de un debate económico; es un ataque directo a un pilar de credibilidad que le ha tomado décadas al país construir. A la par, se despliega una estrategia de persecución contra quienes disienten, utilizando el aparato estatal no para garantizar la justicia, sino para silenciar la crítica, mientras se "compran conciencias" a través de un clientelismo renovado.  

La contradicción ética es el sello distintivo de este proceso. Aquellos que hicieron del escrutinio su bandera de campaña, hoy incurren en las mismas prácticas que antes denunciaban, pero con la absoluta incapacidad para reconocer el error. En lugar de rectificar, el sistema recurre a la saturación informativa; cada escándalo nuevo parece diseñado para sepultar al anterior.

Es una táctica de agotamiento moral donde la indignación se diluye ante la velocidad de la siguiente crisis. Ejemplos sobran, pero quizá el más alarmante sea la liberación de 23 temidos jefes delincuenciales, una decisión que, bajo la excusa de una paz mal entendida, parece responder más a cálculos electorales y compromisos oscuros que a un beneficio real para las comunidades.

Si no somos capaces de rescatar la independencia técnica frente al populismo, terminaremos habitando una nación donde la única realidad permitida sea la que dicte el boletín oficial, mientras las ruinas de nuestra democracia caen bajo el peso de un sistema que, bajo la promesa de salvarnos, termina por devorarnos. El oriente de Cúcuta escarmentó en cuerpo propio. Ojalá el occidente escarmiente en cuerpo ajeno.

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