Empiezan a aparecer las inevitables realidades postpandémicas. Una para empezar: la disparada de la demanda por energía producto de la recuperación de la parálisis del comercio y los intercambios en un mundo económicamente integrado y globalizado, sin afectar la estructura productiva rural y urbana. Y claramente la sustitución del petróleo y carbón, las principales fuentes de energía a lo largo del siglo XX, la llamada transición energética, será más demorada de lo que Gustavo Petro irresponsablemente planteaba en días pasados.
Esa realidad, que es coyuntural, estimula la actividad extractivista de recursos naturales sin procesar (“commodities”) imperante en la economía y el desarrollo del país, conspirando contra la capacidad creativa e innovadora de los colombianos, su espíritu empresarial y la posibilidad de dinamizar una economía con su potencial para generar empleos estables y dignos, no de rebusque, diversificando y fortaleciendo la estructura y capacidad productiva nacional, a la par que el desarrollo investigativo y tecnológico, como lo están defendiendo a capa y espada los gobiernos del primer mundo.
No se trata de defender un proteccionismo a raja tabla, que encierre a la economía sobre sí misma, cual fortaleza medieval. Ni librecambio ni proteccionismo extremos. Se trata de reconocer que como cualquier organismo viviente - y la economía y la sociedad lo son -, estas se expanden de adentro hacia fuera, para interactuar con el mundo exterior, interacción que las enriquecen y fortifican.
Más que posiciones de un nacionalismo intransigente, tan irreales y dañinas como las del librecambismo radical, ambas ideológicas y equivocadas, se trata de combinar las características de la política proteccionista con una política de industrialización y modernización de su estructura productiva urbana y rural, para reducir “el costo país” que debilita a la economía nacional ante los desafíos de economías más eficientes.
No son los productores individuales los que compiten entre sí en los mercados internacionales, no son las empresas aisladamente, sino las regiones y más generalmente las naciones con su aporte en capacidad de trabajo manual y técnico; de investigación y formación; de los recursos de su medio natural; de su entorno de infraestructura vial y de intercomunicación; de organización del mercado y suministro de energía y servicios públicos; de institucionalidad, normas y seguridad ciudadana; de cultura e identidad nacional. Sin ese aporte social, la capacidad de los empresarios de generar nueva riqueza material y cultural y de hacerlo eficientemente, es ninguna.
La fórmula: la protección arancelaria necesaria por el tiempo requerido e inversión en el desarrollo de la estructura social, institucional y económica de la nación para consolidar su competitividad sistémica necesaria para enfrentar la competencia internacional. Política de protección para crear las condiciones que permitan que la política de desarrollo de la economía nacional le fortalezca su capacidad competitiva. Es ese aporte de la sociedad a la creación de riqueza por el trabajo actual de empresarios, técnicos y obreros, el que da pie para la tributación progresiva por medio de la cual la sociedad reclama la parte que le corresponde por su aporte a la creación de esa riqueza.
