En una sesión realizada al interior de la penitenciaría de Cúcuta, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, lideró una mesa interinstitucional en la que participaron jueces, delegados de la Defensoría del Pueblo y el Inpec, con el propósito de revisar el alcance de la justicia en el país y fortalecer herramientas que permitan no solo sancionar, sino también facilitar procesos de reintegración social.
Uno de los ejes del encuentro fue la implementación de la Ley de Utilidad Pública, dirigida a mujeres cabeza de hogar privadas de la libertad. Durante la jornada, los jueces de ejecución de penas ingresaron al centro carcelario para dialogar directamente con posibles beneficiarias, en un ejercicio que el Gobierno calificó como un paso para acercar la justicia a la población penitenciaria.
Actualmente, en la cárcel de Cúcuta se estima que al menos 147 mujeres podrían acceder a este beneficio. Sin embargo, a nivel nacional, solo 243 han sido cobijadas por la ley, una cifra que el propio ministro consideró baja frente al universo potencial.
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Entre los principales obstáculos identificados están la falta de información jurídica dentro de los penales y criterios restrictivos en la interpretación del concepto de mujer cabeza de hogar.
“Se requiere una orientación más amplia para que más mujeres puedan acceder a estas medidas”, señaló Cuervo, quien insistió en la necesidad de que entidades como la Defensoría y personerías refuercen la asesoría legal en los centros de reclusión.
La ley contempla que las beneficiarias sustituyan la pena privativa de la libertad por servicios comunitarios en entidades públicas. Según el Ministerio, uno de los resultados más relevantes es que no se han registrado casos de reincidencia entre las mujeres que han accedido a este modelo, lo que abre la puerta a evaluar su eventual ampliación a otros grupos de población carcelaria.
Reconocimientos de los privados de la libertad
Durante su visita, el ministro también revisó las condiciones de la penitenciaría de Cúcuta y los programas de resocialización en marcha. Afirmó que, aunque el sistema penitenciario enfrenta problemas estructurales como el hacinamiento, se mantienen acciones bajo control y existen avances en procesos de reintegración.
Allí Cuervo probó el pan más famoso de las cárceles del país, el que hace Libardo Becerra, quien lleva más de una década privado de la libertad.
Becerra dijo que en este penal aprendió a leer, a estudiar, a trabajar y enseña a otros compañeros a hacer pan. Lo que empezó como una condena, hoy también es aprendizaje, oficio y propósito. “Porque la resocialización también se construye así: enseñando, compartiendo y transformando vidas”, dijo Cuervo.
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También el ministro recibió un singular regalo de Fabián Camacho, privado de la libertad, quien le entregó la primera caricatura que recibe en su vida. Mientras dibujaba, Camacho dejó un mensaje claro: “hay que tener los ojos bien abiertos para ver la justicia con claridad”, porque incluso en los lugares más difíciles, el arte también dice verdades, apuntó Cuervo.
Estado de la cárcel
No obstante, el titular de la cartera de Justicia reconoció que persisten retos importantes, especialmente en materia de infraestructura y seguridad, así como en la necesidad de fortalecer la oferta institucional para quienes acceden a medidas alternativas.
Otro de los temas abordados fue el de las extorsiones que se originan desde centros de reclusión. Cuervo explicó que el Gobierno nacional ya cuenta con un decreto que permite rastrear líneas telefónicas utilizadas para estos delitos y bloquearlas en coordinación con operadores.
Sin embargo, advirtió que esta estrategia resulta insuficiente, debido a la facilidad con la que los internos acceden a nuevos dispositivos y tarjetas SIM. Por ello, el Ministerio evalúa alternativas adicionales de control que permitan reducir este fenómeno.
El ministro también matizó la percepción sobre el origen de las extorsiones en el país, al señalar que, según los análisis disponibles, la mayoría no se generan desde las cárceles, pese a la creencia extendida.
En paralelo, indicó que se avanza en la gestión de medidas de protección para directores de centros penitenciarios, especialmente en aquellos con pabellones de alta seguridad, incluyendo la dotación de vehículos blindados.
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Justicia territorial y seguridad
La agenda del ministro incluyó la presidencia del Comité Departamental de Justicia, con participación de autoridades judiciales y entidades locales, Fuerza Pública y la directora de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Marta Eugenia Ramos.
Allí se destacó la importancia de fortalecer mecanismos como casas de justicia, comisarías de familia y centros de conciliación, especialmente en regiones con problemas de orden público como el Catatumbo.
Cuervo subrayó que, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, la consolidación de la seguridad y la paz en el territorio depende del acceso efectivo a la justicia y de la resolución de conflictos por vías institucionales.
“La seguridad no se sostiene solo con presencia militar o policial. Se necesita una justicia cercana a la gente, que funcione en los territorios y ayude a resolver los conflictos cotidianos”, concluyó.
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