El señor presidente de la República ha convocado a sus huestes, y personas afines a su gobierno sin necesidad de pertenecer a su movimiento político, con el fin de manifestar apoyo explícito a su administración y, a su vez, coaccionar al Congreso de la República para que apruebe, prácticamente sin debatir nada, a pupitrazo, los proyectos de ley que el Ejecutivo someterá a su consideración. En primera línea está la reforma a la salud. Desde el Ministerio de Salud se habla de “Reforma estructural al sistema de salud”.  

Sabemos que la salud es un derecho fundamental y por ello tiene que tramitarse con una ley con categoría estatutaria, lo cual la diferencia en mucho de las leyes ordinarias. Además, implica que tiene un control previo de constitucionalidad en la Corte Constitucional antes de la sanción presidencial. ¿Qué significa toda esta carreta? Que las marchas, movilizaciones o concentraciones de hoy, impulsadas desde la Casa de Nariño con discurso presidencial en la Plaza de Armas, también son una notificación velada al Tribunal constitucional informándole del sentido cómo debe direccionar sus fallos.  

También sabemos que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse públicamente”, y el ingrediente adicional es que esa expresión popular debe ser “pacífica”. Con un gobernante que denigra del Estado que administra y polariza al país, ¿cómo garantiza que con su oratoria apasionada las marchas no se salgan de madre? Es verdad de a puño que las movilizaciones de hoy no tendrán confrontación simultánea con las de la otra orilla, pero ya sabemos cómo es la cosa en política cuando hay calentura o hay quien aviva emociones.  

El exvicepresidente Humberto de la Calle Lombana, que sabe lo que dice, opina que el derecho a manifestarse es importante pero no debe utilizarse como mecanismo de presión al Congreso y que la democracia participativa no debe convertirse en medio de coacción. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y opositor del presidente de la República, con muy buen juicio opina que las movilizaciones son un buen instrumento para socializar y no para intimidar. 

 El gobernante desconoce que él “simboliza la unidad nacional” y que los diferentes órganos del Estado y/o ramas del poder público tienen “funciones separadas”, lo que significa que en vez de presionarlas con movilizaciones públicas, lo cual es una intromisión indebida, su obligación es colaborar armónicamente para la realización de sus fines, que cada cual cumpla con libertad y estudio esas funciones que por separado se les asignaron. Lo único que persigo con estos apuntes es hacer un llamado para que transitemos por los cauces legales y evitar el despeñadero.