Pareciera que el país se salvó del racionamiento de energía, no es tan claro que nos salvemos del de agua. Gracias a una mesa organizada por la Procuraduría en abril, se conoció que 267 municipios presentan afectaciones por desabastecimiento mientras que 58 ya están racionando. Aunque naturalmente lo visible es Bogotá, en riesgo hay 602 municipios en 25 departamentos.
De manera preocupante embalses en Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Valle del Cauca, ya están por debajo del 30%. Ninguna alerta prendió el sistema, la institucionalidad del agua debe repensarse, no se puede ver como un tema de gestión del riesgo es estructural.
Es normal que El Niño disminuya las reservas de agua, lo grave es que no hicimos nada para conservar hasta que ya era muy tarde. Ahora si bien la institucionalidad energética aumento tarifas, tomo las medidas a tiempo para ahorrar el agua con la que se genera. Mientras tanto para los responsables del agua, el mismo fenómeno los sorprendió. Nadie alzo la mano, ni plantearon inversiones para soluciones estructurales. Sin duda, el manejo del agua se esta viendo afectado por el cambio climático y tiene que cambiar.
En casos como el de Bogotá, si bien, de manera excéntrica, Diego Bravo cancelo el proyecto de Chingaza II por conversación con indígenas de la Sierra Nevada, alguien de la sabana cundiboyacense en los 12 años posteriores debió haber hecho prevaler las decisiones técnicas. La responsabilidad compartida entre Corporaciones, Min Vivienda, y prestadores no está saliendo bien, especialmente si Min Ambiente se escapa de responsabilidades negando todo porque tiene algún impacto ambiental. Se requiere una política pública integral que permita una visión nacional más lejos que una sumatoria de POMCA’s.
Entendiendo el buen espíritu del gobierno de invertir en acueductos veredales en las zonas más apartadas del país, las inversiones críticas de embalses y tratamiento donde viven la mayoría de colombianos, no ocurren. Con coberturas por encima del 90% en acueducto, se tiene que avanzar mas en alcantarillado. Especialmente solo el 52% del agua del país pasa por una planta tratamiento de aguas residuales. Se requiere repensar el modelo de agua, el reúso de agua es fundamental, especialmente, si la construcción de embalses no es una opción.
Ya México, Perú, y Chile reúsan el agua tratada, inclusive México recicla 60% de estas aguas. Adicionalmente, con la ejecución presupuestal en tan solo 0.7% en Min Vivienda, mientras logran ejecutar proyectos en veredas, se podrían ejecutar macro-proyectos estructurales que nos adapten al cambio climático. Según el Conpes 4004, Min Vivienda debe empezar a entregar proyectos estructurados en el 2025, ojalá esta tarea no se haya olvidado.
Sin una visión definida de largo plazo, el grueso de inversiones es de corto plazo en gestión del riesgo, pero no funcionan. La UNGRD utiliza su régimen excepcional privado de contratación en emergencias para licitaciones ordinarias, espectacularmente, se robaron el agua de los niños de La Guajira. Esta entidad no se debe encargar ni de la erosión costera, ni los embalses de agua, no tiene ni la capacidad técnica, no deberían estar entregando contratos a dedo. Su régimen privado debe ser exclusivo a temas de emergencias. No dejemos que lo urgente mate lo importante.
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