Los grandes debates sobre el crecimiento económico suelen abordarse desde un horizonte de largo plazo. Sin embargo, en Colombia, la discusión reciente se ha desplazado hacia el corto plazo: el gobierno central enfatiza sus logros, mientras la oposición, incluidos líderes del sector privado, desconoce avances y concentra sus críticas en los resultados inmediatos. Este encuadre reduce la complejidad del problema y debilita la deliberación pública.
Para poner el debate en perspectiva, las estimaciones del grupo GRECO del Banco de la República indican que la economía colombiana creció a una tasa promedio de 4,57% durante el siglo XX, lo que se tradujo en un crecimiento del PIB per cápita cercano al 2,3%. Este desempeño respondió, principalmente, a la acumulación de capital, al aumento de la dotación de capital por trabajador y a mejoras en la eficiencia laboral. No obstante, en el análisis del crecimiento no solo importa su velocidad, sino también sus efectos distributivos sobre los ingresos y su incidencia en las regiones.
La evidencia disponible es consistente en este punto. Luis Armando Galvis, Jaime Bonet-Morón y Adolfo Miesel Roca han documentado que el crecimiento económico en Colombia no ha seguido una senda convergente. Por el contrario, ha profundizado disparidades regionales y de ingresos, reproduciendo desigualdades económicas y sociales de carácter persistente.
En la actualidad, la crispación política que atraviesa el país obstaculiza la discusión de estos temas estructurales. La confrontación reduce el espacio para construir consensos en torno a soluciones que trasciendan la lógica electoral. En este contexto, el Banco Mundial (2025), en su estudio Colombia. Disparidades regionales y el camino hacia la integración, ofrece un diagnóstico integral: reconoce avances macroeconómicos —en particular en crecimiento y PIB per cápita—, pero subraya su insuficiencia para cerrar brechas territoriales y de ingresos. El informe identifica como causas centrales la baja calidad del capital humano, la limitada productividad, las deficiencias en infraestructura, procesos de urbanización incompletos y fallas institucionales que, en conjunto, configuran una economía poco diversificada y altamente dependiente de exportaciones básicas.
A partir de este diagnóstico, el estudio propone una agenda de política pública con enfoques territoriales y horizontales. En ella resultan determinantes la dinámica demográfica, la asignación de recursos del Sistema General de Participaciones, la identificación de restricciones al desarrollo productivo y el fortalecimiento de la competitividad internacional. Estos elementos son condición necesaria para impulsar el crecimiento local, el progreso social y, en última instancia, el cierre de brechas urbano-rurales.
Retomar estos grandes debates en el corto plazo exige, además, un ejercicio de reconocimiento mutuo entre posiciones políticas. Los sectores de derecha y centro deben admitir que los logros macroeconómicos del pasado resultan insuficientes frente a una realidad regional en la que el crecimiento se concentra en ciertos grupos y territorios, reproduciendo estructuras históricas de privilegios. A su vez, desde la izquierda es necesario reconocer que la superación de las desigualdades de ingreso, las brechas regionales, la pobreza estructural y la exclusión social requiere de estabilidad macroeconómica sostenida, finanzas públicas responsables y una estrategia de diversificación productiva que promueva el empleo formal y una inserción más favorable en las cadenas globales de valor.
En suma, el país requiere de un debate público informado a la altura de su complejidad estructural. Tomar partido por los grandes debates no es una opción retórica, sino una condición indispensable para orientar el crecimiento hacia un desarrollo más equitativo y territorialmente integrado.
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