Se inicia el período presidencial de Gustavo Petro, y en el país se observa que hay muchas esperanzas puestas en su gestión y en los resultados que pueda mostrar en muchos campos, tras una administración indolente y ajena, que dejó mucho qué desear.
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Las dificultades que encuentra el nuevo gobernante son muy grandes, comenzando por las finanzas estatales, que, como se sabe, no podrían estar peor. El déficit fiscal, según los expertos, pasa de 84 billones de pesos, y el grado de endeudamiento del país es enorme. Por eso, el ministro de Hacienda designado por el presidente Petro ha advertido la gravedad de la situación y no ha vacilado en declarar que la reforma tributaria es indispensable. De ello tenemos que ser todos conscientes, y entender que nada de lo que se reclamará del Gobierno -bien por haber sido propuesto en campaña, o por las sentidas necesidades de la colectividad- puede ser hecho sin recursos.
Pensamos, en consecuencia, que al presidente y a sus colaboradores se les debe dar un tiempo razonable para comenzar a exigir resultados. La grace de l’état, de la que hablara Jean-François Revel (1924-2006), ese tiempo de espera que merece el gobernante en sus primeros meses de actividad, es hoy, en Colombia, muy importante. Lo decimos porque, en el caso de Petro, sus enemigos comenzaron, desde el día de la elección, a achacarle todos los males. Recuérdese que, a pocos minutos de conocidos los resultados electorales, ya una periodista generaba pánico, diciendo que, por culpa de la elección de Petro, el dólar se estaba vendiendo a cinco mil pesos, lo que era completamente falso. Y, cuando el dólar subió -en mucha menor medida, pero subió-, por causas internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania, siguieron culpándolo.
Pero, además, a nadie se oculta que el fenómeno de la violencia, generada por organizaciones delictivas de distintas orientaciones, es sumamente grave y debe ser atendido con la prioridad que el gobierno de Duque jamás le dio. Líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, desmovilizados, miembros de la fuerza pública asesinados, casi a diario; masacres; “plan pistola” contra la Policía Nacional; paro armado; desapariciones; crímenes atroces, como el muy reciente cometido contra tres jóvenes en Sucre, quienes fueron torturados y asesinados, tras su captura por la autoridad policial; delincuencia común; impunidad; falta de todo respeto a la vida, y permanentes amenazas, hechos cotidianos frente a los cuales no puede seguir la insensibilidad oficial.
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El nuevo Gobierno se propone llegar a la que denomina “paz total”, y se habla de un proceso de “acogimiento” de organizaciones armadas. Elementos que deben ser diseñados con cuidado y sin vulnerar las reglas del ordenamiento jurídico.
El Ejecutivo y el Congreso deben entrar a estudiar los proyectos de reforma indispensables para luchar contra la rampante corrupción; para atacar la ostensible desigualdad existente, la discriminación, el hambre, el abandono en que se encuentran muchas regiones del país; el desempleo; las carencias y necesidades inaplazables de miles de familias; los efectos económicos y sociales de la pandemia, que no ha terminado.
El Gobierno debe empezar a trabajar ya, a toda máquina, con sus políticas y programas; con fortaleza y decisión, pero requiere respaldo social y político.
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