Semana publicó una declaración de un suboficial no identificado de contrainteligencia que dice que le asignaron interceptar a Cristina Lombana, magistrada de la Suprema que durante unos meses tuvo a su cargo una investigación contra Álvaro Uribe, y que “lo más grave de todo, nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”. No agrega nada más. El director de Semana, cuando se le preguntó si no era yo quien habría recibido esa información no desmintió. Dijo que no podía confirmarlo porque les “falta evidencia que respalde el acervo probatorio ante un juez”. Como a buen entendedor pocas palabras bastan, tengo claro que para Santos el “reconocido político del CD” sería yo.
Repito: no he recibido ninguna información relacionada con interceptaciones, legales o ilegales, de parte de ningún militar o policía. Tampoco he recibido ninguna información de ningún uniformado sobre Lombana ni he hablado con ellos sobre las investigaciones a Uribe.
Mis relaciones con la Fuerza Pública son viejas. Datan desde principios de los noventa, cuando, como director del programa en derechos humanos para fuerzas militares y policía del IIDH, monté las primeras actividades de formación en esas materias en distintos países del Continente, incluyendo Colombia. Como entendí que formar uniformados exigía comprender su cultura, me dediqué a estudiar las culturas militar y policial, muy distintas entre ellas y muy diferentes a las de un civil, y los asuntos de seguridad y defensa. Años más tarde, fui asesor en derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de Defensa y después lo fui en narcotráfico y asuntos internacionales. Más tarde, como consultor independiente, dirigí y trabajé en programas de reforma policial y seguridad ciudadana en distintos países.
Estuve muy cerca del general Mora Rangel en el proceso de reforma de Ejército. Fui profesor de la Escuela Superior de Guerra. Hice parte de la última comisión de expertos creada para la reforma de la justicia penal militar. Ejercí como agente del Estado en varios casos ante la Corte IDH y en ellos trabajé de la mano de las Fuerzas Militares.
En ocasiones he contratado a oficiales retirados, desde ex directores de la Policía, hasta, recientemente, una compañía que usé para determinar los riesgos en seguridad que tendría un inversionista extranjero.
En fin, desde hace treinta años he hablado de manera permanente y periódica con todos los comandantes de las Fuerzas Militares y con la mayoría de los directores de la Policía, con generales y coroneles, y les he brindado mis opiniones y consejos sobre los más diversos temas.
Pero, reitero, nunca he recibido información alguna sobre chuzadas o sobre el proceso de Uribe. De manera que Noticias Uno me calumnia y que Santos, al no desmentir, contribuye a ello. Más allá de que yo no sea el político del CD al que se refiere, me atrevo a sostener que el suboficial citado en Semana miente. No hubiera sido difícil verificarlo. Pero creo que no había interés en hacerlo.
Me explico: un hilo conductor del artículo de Semana es que se chuzaba a magistrados de la Suprema para obtener información sobre el proceso contra Uribe. En esa misma línea, Noticias Uno se inventó el bulo de los micrófonos que grabarían al magistrado investigador de Uribe, cuya falsedad un comunicado de Compensar dejó en evidencia. Aunque la revista no dice que la supuesta “información” producto de interceptaciones a Lombana fuera para Uribe, lo hace entender al decir que se entregaba a un “reconocido político del CD”.
Yo no sé si hubo interceptaciones ilegales por parte de alguien del Ejército, entre otras razones porque el artículo de Semana no da una sola prueba de ello. Tampoco sé si Lombana fue chuzada, aunque tengo certeza de que cuando publicó Semana todavía no se había producido el informe del allanamiento y, por tanto, no había ningún resultado oficial del mismo. Pero no tengo duda de que Semana, porque lo confiesa, sí recibió “documentos secretos” de los militares (parece que si es para ellos esa conducta si es ética, legal e irreprochable) y que yo no. Y que la “prueba” de la revista de que los militares sí podían interceptar comunicaciones por whatsapp no sirve: la máquina de la que hablan no entró en operaciones sino en diciembre pasado, meses después de las chuzadas.
Y sé también que Semana y Noticias Uno debieron haber verificado, con pruebas inequívocas y no solo con versiones de “fuentes” no identificadas, si era cierto o no que algún político del CD habría recibido información de interceptaciones y si ese político era yo. Antes de decirlo debían tener las “evidencias” que reconocen no tener. El problema es que si lo hacían no podía decirlo y se les caía, inequívocamente, el hilo conductor de sus noticias y la vinculación con el presidente Uribe.
