En lo que va corrido del presente año, han asesinado, al menos, a 16 líderes de izquierda y defensores de derechos humanos, pertenecientes a Marcha Patriótica, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y  diversas organizaciones campesinas. Si esta violencia criminal continúa con el mismo ímpetu, los acuerdos que se han venido firmando con las Farc, volarían en mil pedazos.

Ninguna gestión a favor de la paz lograría consolidarse, pues lo que parece ocurrir, el resurgimiento del paramilitarismo, con cualquiera de los nombres con que ahora suele disfrazarse, para asesinar a dirigentes sociales, reclamantes de tierras y líderes de izquierda democrática, constituyen una bomba tan explosiva, que no la resistiría el actual proceso en marcha con la insurgencia.

Los enemigos de la paz, dirigidos por un personaje singularmente siniestro, sienten nostalgia de lo que creíamos estaba desapareciendo como una constante de muerte en nuestra historia.

Desde el crimen de Guadalupe Salcedo y otros antiguos guerrilleros que habían entregado las armas al Gobierno de Rojas Pinilla, pasando por lo sucedido con los insurgentes desmovilizados durante el Frente Nacional, y que culminó en el mayor acto criminal llevado a cabo en el país, el asesinato de más de 3000 dirigentes de la Unión Patriótica, incluidos todos sus parlamentarios y la mayoría de diputados, alcaldes y concejales, no se habían vuelto a presentar, como está ocurriendo nuevamente, ahora, con los crímenes que estamos viendo desde principios del año.

La barbarie contra la Unión Patriótica, desatada durante el gobierno de Belisario Betancourt, por sectores de derecha y miembros descarriados de la Fuerza Pública, ha sido el mayor error histórico, contra la posibilidad de apaciguar la violencia en Colombia.

La marcha que realizó el Centro Democrático, el sábado 02 de abril y a la  que, se unió la banda criminal del Clan Úsuga, con un tenebroso y amenazante paro armado, pretendió intimidar a los pacifistas de la patria, que somos la mayoría y que estamos con el Gobierno, tras la búsqueda del fin del conflicto.

Tal marcha resultó un fracaso, pues habiendo prometido sacar a la calle ocho millones de manifestantes, en la práctica apenas alcanzo el uno por ciento, lo que indica que, pese a la arremetida del uribismo contra Santos, este país está cansado de las difamaciones e intolerables calumnias del expresidente Uribe, contra el Primer Magistrado de la Nación.

Las manifestaciones de calle, no pueden ser el camino para ventilar los procesos penales  que actualmente cursan en la Fiscalía General de la Nación, contra miembros de su entorno familiar y político. Las soluciones, en ese orden legal, debe buscarlas exclusivamente ante la rama judicial.