Con el acumulado de más de medio siglo de violencia repetida, todavía hay en Colombia quienes prefieren esa situación de exterminio humano y rechazan la posibilidad de activar procesos de paz mediante negociación u otro mecanismo que lleve a acuerdos para ponerle fin a las acciones de sangre y fuego. Son los mismos que derrochan hipocresía protestando cuando asesinan policías, como desgraciadamente sucedió hace poco en el Huila.

Ese horrendo crimen no es precisamente el comienzo del conflicto armado. Es un hecho más de adversidad contra el derecho a la vida en Colombia. Hay que sumarle muchas otras muertes atroces con la participación directa de la Fuerza Pública o de su complicidad, que se hace pasar como casos de “manzanas podridas”, pero que son el resultado de una acción de articulación oficial.

La violencia que padece Colombia no es imputable solamente a los grupos armados ilegales. Estos son actores reconocidos que han llegado a esa situación como oposición política a un Estado que rechazan o que en favor del cual actúan como su grupo ofensivo en defensa de intereses que buscan proteger aunque represente agresión contra quienes piensan distinto.

Son numerosas las víctimas de la guerrilla y sus formas de lucha son repudiables violaciones a los derechos humanos. Homicidios, secuestros, extorsiones, presiones para el desplazamiento de campesinos, despojo de tierra, desapariciones y amenaza. Son pan de cada día. Lo mismo está en la agenda de los paramilitares o de los sicarios del narcotráfico. Del lado oficial el suplicio es semejante como está comprobado en la ejecución extrajudicial de colombianos para hacerlos pasar como combatientes dados de baja en combate cuando no lo eran.

Los enemigos de la paz son proclives al surtidor de violencia y prefieren que esta situación se mantenga como contención a los cambios que necesita el país para dejar de ser una sociedad abrumada de necesidades insatisfechas. Los Uribe Turbay, las Cabal, las Palomas y todos sus séquitos distribuidos entre bodegueros, columnistas dogmáticos, obsecuentes escribanos de redes sociales, hacen el ejercicio del trabajo sucio con desfachatez imperturbable. No les importa tergiversar, maquillar la realidad para ofrecerla con toda la distorsión posible.

Con tantos desgarramientos en la vida nacional, con la desigualdad que está reconocida en el hambre, en la falta de oportunidades, en el desempleo, en el éxodo campesino, en los resquebrajamientos de los servicios de salud, en el déficit de agua potable, en la recortada cobertura de educación, en ese protegido entramado de la corrupción, los que abogan por más de  lo mismo no les importa que se sigan abriendo espacios para la violencia, por lo cual subestiman el deber de construir la paz en forma total, como lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro.

No se podrá seguir subestimando el compromiso de la paz, a fin de que no se sigan matando policías y se garantice la vida de todos los colombianos en condiciones de integridad. Es una prioridad que no admite dudas. Es un compromiso sostenible para hacer de la existencia humana en Colombia un derecho sin restricción.

Puntada

Con la apertura de la frontera y la reactivación de las relaciones entre Colombia y Venezuela, no está de más esperar que a los consulados en el vecino país lleguen nortesantandereanos.

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