Se vino la reforma tributaria del gobierno Petro, pero ¿Es realmente la reforma del cambio frente a la receta aplicada cada 18 meses para simplemente apagar el incendio fiscal del momento?

Se pretende la estabilidad fiscal y la reducción del déficit fiscal que dejó el gobierno anterior, eso sin duda es positivo para el país. Sin embargo, no está claro en el proyecto de ley en qué porcentaje del PIB y en qué monto, dado que este año llegará al 5,6% del PIB aproximadamente.

La anunciada reducción de lo que llama el nuevo gobierno la “deuda social histórica con la población vulnerable”, mejorando sus condiciones de vida en especial las alimentarias, es justo y necesario, lo que no sabemos los ciudadanos es cómo se hará.

Estamos en el comienzo del gobierno y aún no se conoce el plan nacional de desarrollo. De acuerdo con el artículo 341 de la Constitución Política, el PND se presentará dentro de los próximos 6 meses. En especial lo que interesa a los ciudadanos es conocer el plan nacional de inversiones públicas de los cuatro años venideros.

Los planes tienen que ser aprobados por el Congreso de la República, con un concepto del consejo nacional de planeación entre otros trámites. Por consiguiente, los colombianos no sabemos con certeza en qué se invertirán estos recursos una vez se apruebe la reforma tributaria.

¿Será un gasto eficiente y se llegará a los sectores más necesitados del país; o se tratará de reducir por aquí para aumentar mucho más por allá? Independiente del proyecto de ley contra el hambre, ¿se tendrán los instrumentos para lograrlo? Como dicen los abuelos: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Miremos ahora una parte de lo francamente negativo. En el proyecto de ley de reforma tributaría no se habla de austeridad y reducción del gasto público, ni del mejoramiento de la eficiencia del gobierno nacional.

En gobiernos anteriores se presentaron reducciones de entidades y ministerios que eran ineficientes como el caso de la eliminación de Telecom. Sin embargo, en los últimos 16 años se han creado o “revivido” ministerios, como el del deporte, ciencia y el nuevo gobierno anunció que creará dos más. Esta no es la forma de resolver los problemas.

Una tributaria no tiene sentido cuando se le está pidiendo a los ciudadanos, especialmente de la clase media, que paguen más impuestos; cuando al Estado le sobran instituciones como la procuraduría y las contralorías regionales que cuestan 2.5 billones; y lo más grave es que son feudos clientelistas e instrumentos para extorsionar adversarios políticos. La pregunta que se harían los ciudadanos es: ¿Cuál será la reducción del gasto público y cómo se mejorará la eficiencia del Estado?

Colombia no ha logrado dominar el territorio con un Estado Social de Derecho presente en todas partes. Es ahí donde el gobierno debe invertir en institucionalidad local pero no como fuente de empleo, sino para garantizar una oferta social integral que satisfaga por lo menos las necesidades básicas de toda la población.