¿Realmente podemos considerar la Minga un problema social? No escapa a nadie que desde tiempos atrás ha habido una exterminación paulatina de líderes sociales que es el punto que exponen como causa del periplo hacia la capital del país.
Esto es cierto, el Estado colombiano debe frenar o poner coto a estas matanzas. Esto se traduce posteriormente en demandas contra la Nación que pagamos los contribuyentes, somos los asalariados o pensionados.
También es cierto que la población indígena tiene inmenso porcentaje de las tierras del país, que no utilizan para agricultura ni ganadería sino que tienen destinación específica, coca, que son la lucha real en el Cauca por la primacía del más fuerte.
No podemos hablar de abandono de los indígenas del Cauca, cuando, según informes del Gobierno Nacional, se expresa que recibieron en el 2019 más de 344 mil millones de pesos y, para este año 2020 cuentan con inversiones superiores a los 290.000 millones de pesos, teniendo entre los más de 700 resguardos indígenas, un porcentaje superior al 30% de las mejores tierras de Colombia. ¿En qué gastan estas altas sumas? ¿Reciben los otros colombianos algo así?
Es sabido por la opinión nacional que los ciudadanos del común, temen por esta situación, cuando no hemos terminado de pasar una crisis económica inmensa, por la pandemia, que se trata de un número elevado de participantes en esta actividad, que implica grandes gastos, para transporte, alimento, así como la logística que representa para esta alta cantidad de personas, sino lo más grave, que al parecer reciben financiación internacional.
Se habla de George Soros del Nuevo Orden Económico Mundial y de los grupos alzados de armas, contribuyentes a la movilización, organización y desarrollo de esta marcha. Con un fin común tratar de desestabilizar el gobierno y minimizar y cuestionar las fuerzas del orden, que de ñapa, se ven frenadas por decisiones inconsecuentes, que afectan la seguridad ciudadana, generando en estos momentos gran desconcierto en comerciantes en general, fábricas y el manejo de la economía en la capital del país, pasando por alto un principio constitucional como es la primacía del interés g
eneral sobre el particular.
Es permanente el bloqueo de la carretera Panamericana, por días y en ocasiones meses, recordando en la década de los 90 que cerraron esa vía por espacio superior a dos meses, generando grandes problemas económicos. Pues la única comunicación de Cali a Popayán era por vía aérea. ¿Cuanto le cuesta al país una manifestación de esta naturaleza?
Es oportuno que el Gobierno recuerde que somos más de 40 millones de colombianos y que si bien las marchas pacíficas son permitidas constitucionalmente, debe tener mecanismos de seguridad ciudadana y evitar el resquebrajamiento del Estado.
Grave problema genera la migración por Norte de Santander en momentos en los cuales se avizora una situación difícil, siendo inmenso el número de personas que se dirigen a la capital; importa recordar la destrucción de 53 Cais, no hecho accidental sino coordinado por elementos que merecen el más duro rechazo a sus políticas “opositoras” que afectan seriamente el país. Preferible, abrir la frontera y controlar con exigencias como nos pedían al viajar a San Cristóbal o Venezuela. Prima la seguridad nacional sobre cualquier otro aspecto.
