“Fuera venecos”, “El paro es de los colombianos”, “los venezolanos no son hermanos” son algunos de los carteles y grafitis que han aparecido junto a las demandas sociales durante las jornadas del paro, incluyendo en el malestar social que vive el país el rechazo a la población venezolana que se encuentra en Colombia. 

Algunos afirman que eso es culpa de Duque y su gobierno que es permisivo con “esos venezolanos que vienen a robar”, que “los utiliza para después justificar el uso de la fuerza”. Del otro lado los “colombianos de bien” afirman que es una estrategia del castrochavismo para desestabilizar a Colombia y a la región, un plan orquestado por Maduro y Diosdado.

No falta quienes exigen la expulsión inmediata del país, o los que alegan que se debe cerrar la frontera y no se debe permitir el ingreso de un venezolano más. 

Otros alegan que no es xenofobia, sino que “están llegando muchos venezolanos pobres, de esos que apoyaron a Chávez y quieren que todo se los regalen, que son perezosos y nunca les ha gustado trabajar”. “Chavistas delincuentes que se vienen a tirar a Colombia”. 

Incluso algunos que se autoproclaman “venezolanos de bien”, llegan afirmar que los colombianos tienen razón, y se deben extremar las medidas con los que están llegando en la última oleada. Al final del día los unos y los otros responsabilizan a los venezolanos por venezolanos o por pobres.

El Estado colombiano, su gobierno y su sociedad, enfrentan uno de los retos más grandes de su historia reciente. 

Para bien o para mal la nación colombiana cambiará, la llegada de millones de colombianos retornados, colombo-venezolanos y venezolanos transformará la estructura social del país, su economía y su política, el relacionamiento de los ciudadanos con el Estado y entre los ciudadanos.

La emergencia humanitaria compleja y prolongada en la que el chavismo hundió a Venezuela no se resolverá con la caída de Nicolás Maduro, en el eventual caso que ello ocurriera en los próximos años. 

Y a pesar, que muchos venezolanos repiten el mantra que regresarán a su país una vez termine la dictadura, la verdad es que la gran mayoría de ellos no regresará a un país que tardará varias décadas en reconstruirse. 

Así las cosas, la sociedad colombiana debe prepararse para recibir a varios millones de personas que se convertirán en parte de la ciudadanía colombiana.

Sacarlos del país, ya implica una operación logística de dimensiones mayores a las de pretender desocupar la ciudad de Barranquilla, y aunque el Estado colombiano tuviera la capacidad y los recursos para realizar una operación de esa envergadura, que evitaría que el régimen de Nicolás Maduro actuara en reciprocidad y expulsara arbitrariamente a los 3,4 millones de colombianos que aún viven en Venezuela. O que implicaría que creáramos el precedente para que europeos, norteamericanos u otros países latinoamericanos hicieran lo propio con los entre cinco y ocho millones de compatriotas que viven fuera de Colombia. Sacarlos, expulsarlos, pedirles que se marchen, es una idea que ignora las dimensiones e implicaciones del fenómeno de movilidad humana que enfrenta el Estado colombiano.

Entonces cerramos la frontera y evitemos que sigan ingresando al país. Colombia tiene siete puestos fronterizos con el Estado venezolano, de ellos seis están habilitados y el séptimo nunca se puso en funcionamiento. Cuando Maduro ha cerrado la frontera, las personas han continuado pasando por los caminos verdes, por las trochas, lo que al final sólo ha puesto a esa población vulnerable en un riesgo mayor y ha dificultado la labor del Estado colombiano para llevar el conteo, anulando la posibilidad para el registro e identificación, sin olvidar que los grupos al margen de la ley han encontrado en ese paso irregular una fuente de financiación que ha terminado fortaleciendo su presencia en el área.

Construyamos un muro para que no pasen. Ni muro, ni reja, ni empalizada o barrera, son 2.219 kilómetros que atraviesan seis zonas geográficas que van del desierto a la selva, pasando por caudalosos ríos, por complejas topografías y en la que convergen por lo menos ocho grupos indígenas, siete departamentos y 33 municipios, en una zona con presencia de actores armados. Las autoridades del Estado colombiano no han logrado controlar el Catatumbo, que es una de las zonas que hacen parte de esa extensa y porosa frontera, pensar que de la noche a la mañana se podría convertir esa línea imaginaria en otra cosa, es una muestra del desconocimiento de lo que implica el fenómeno de movilidad humana que enfrentamos.

En lugar de exigir la expulsión de los venezolanos o el cierre de frontera, se le debería exigir al Estado colombiano, tanto al gobierno, pero también a la oposición y a la sociedad civil encarar el problema.

*Director Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario