El Senado aprobó que el 39,5% de los ingresos de la nación se transfieran a las regiones en un periodo de 12 años. Aunque la propuesta parece loable en términos de descentralización, tiene muchos inconvenientes.

La deuda neta de la Nación llegará al 61% del PIB en el 2035, rompiendo el ancla de la regla fiscal del 55%. El país va a necesitar varias reformas tributarias para financiar el hueco que le quedará a la Nación. Para hacerlo, tendrá que cobrar por encima de lo necesario, pues ese mismo 39,5% seguirá teniendo que transferirse.

A las regiones se les transfiere hoy el 23,8% de los ingresos corrientes de la Nación. El próximo año serán cerca de 80 billones de pesos. Los municipios deben usar estos recursos en un 58,5% en educación, en un 24,5% en salud, en 5,4% en saneamiento básico y el resto en otros rubros como el plan de alimentación escolar.

Aunque hay municipios con administraciones eficientes, hay también muchos donde los recursos no se ven. El 38% de los hogares en la ruralidad no tiene acueducto, el 85% no tiene alcantarillado y el 62% no tiene sistema de recolección de basuras.

El 90% de los recursos en educación se han girado a los salarios de los maestros. Un estudio de la Universidad de los Andes reveló que estos recursos se han multiplicado 2,8 veces por estudiante, pasando de $1,62 millones en 1994 a $4,63 millones en 2023.

Sin embargo, los resultados de las pruebas internacionales nos muestran con graves rezagos en educación, y pese a los recursos, la calidad continúa muy mal. A esto se suman los escándalos por el robo a los programas de alimentación escolar de los niños y los hospitales públicos llenos de contratistas amigos de los políticos.

Vale la pena examinar que en 2011 se descentralizaron las regalías: 109 billones se giraron en los últimos 11 años por regalías. Algunas regiones invirtieron muy bien, otras lo convirtieron en dineros de la politiquería y hoy hay 1.795 elefantes blancos según la Contraloría.

El otro asunto es que aún no se sabe en qué se invertirán los recursos. Destinaron los recursos y luego, en otra ley, determinarán las competencias. El orden, por supuesto, era primero determinar esas nuevas funciones, luego calcular los recursos necesarios.

Los defensores de la iniciativa dicen que el proyecto no tiene “gasto fiscal” porque las competencias se trasladarán de la Nación a las regiones, lo cual es altamente cuestionable. La Nación tiene funciones que no se pueden volver territoriales: la deuda pública, la deuda pensional, la seguridad (policía y ejército) para empezar, y las ramas del poder público (jueces, fiscales…).

Finalmente, cabe destacar que con los recursos que prometió la Constitución de 1991, las regiones se endeudaron —pedir créditos por los ingresos futuros que recibirían— y gastaron el dinero en una sola administración. Cerca de la mitad de los municipios llegaron quebrados a 1999. La Nación tuvo que financiar sus deudas. Hoy el país quiere repetir esa historia.

El manejo fiscal del gobierno ha sido desastroso, y esta iniciativa es la cereza del pastel. El presupuesto del próximo año está desfinanciado en más de 30 billones. Un estudio del Banco de Bogotá reveló que el manejo fiscal del gobierno, incluida la aprobación de este proyecto de ley, tiene al país en un nivel por debajo de la calificación de riesgo actual. Hoy el país es BB+, pero los mercados están cobrando una prima de riesgo de una peor categoría (BB). Lo más grave es que hay espacio para empeorar.

El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda presentaron conceptos negativos formales a la propuesta de cambiar las transferencias. El Comité de Regla Fiscal y los centros de pensamiento también presentaron conceptos negativos.

En busca de una fórmula de consenso responsable con las finanzas del país, presenté la propuesta de Fedesarrollo de subir las transferencias del 23,8% al 30% y la de ANIF al 35%. Fueron negadas por el Congreso. Me quedé sola en ese voto, que en unos años empezaremos a ver las consecuencias de la locura fiscal, que resultó contagiosa.

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