Son tres las ramas del poder público y requiere cada una de ellas su independencia. La Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial. 

Siempre ha sido la cenicienta la Rama Judicial, sin presupuesto independiente y supeditada a  los vaivenes del Estado.

Las investigaciones denunciadas por la DEA, caso Zar anticorrupción y los magistrados de las Altas Cortes, Pretell Constitucional, Ricaurte, Bustos, Malo y Tarquino de la Corte Suprema,  han afectado la majestuosidad de la justicia, así como otros casos dados en algunos Tribunales y Fiscalía y Jueces, y el alto grado de impunidad en penal, que deterioran la imagen del juez y los casos de Santrich fugado merced a decisiones de la Corte Suprema y la Jep e igualmente, el de Alvaro Uribe, así como denuncias de abusos sexuales, aunado a la parálisis de la actividad judicial por la pandemia, en detrimento del usuario y claro menoscabo del derecho al trabajo de los litigantes, por razones obvias, dada la ineficiencia del Consejo de la Judicatura, en organizar e implementar la justicia digital así  como las fallas del Impec y el sistema carcelario con inmenso sobrecupo.   

La independencia del juez está cuestionada cada día más, la politización de la justicia, deteriora su concepción, al igual que la morosidad de la misma.   

Para muestra, tenemos que se critica acerbamente, que la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, ahora la nueva procuradora y Contraloría, sean del gobierno, lo que le quita credibilidad y seriedad a su condición de órganos de control.

La reforma debe ser integral, desde la despolitización de las Altas Cortes sin postulaciones o designaciones de altos cargos por el Congreso o un proceso cuestionado interno y paquidérmico de elecciones para la Corte Suprema;  el sistema electoral de los magistrados de las Altas Cortes debe ser por concurso, tener en cuenta a los jueces y colegios de abogados para la discusión de los proyectos de reforma, pues, son ellos quienes trajinan a diario con las diferentes situaciones de un proceso.. 

Y es menester, eliminar la posibilidad de dar casa por cárcel a quienes se apoderen de dineros del erario público, mucho más, dada su formación profesional o de quienes administren justicia por su investidura y conocimientos, e igualmente, eliminar la suspensión de las audiencias, cuando las firmas de abogados gozan de equipos para enfrentar las vicisitudes que surjan en el desarrollo de un proceso con lo que se evitaría la prescripción de negocios por inercia estatal.   

Presentar una reforma sin análisis serio de su estructura, logística, presupuesto, se traducirá inexorablemente en nuevo fracaso,  en nueva derrota de una aspiración seria,  justa y necesaria, mermando más la imagen del juez; no puede seguir el país sin contar con logística adecuada para las investigaciones, sin tener un equipo interdisciplinario que permita encausar debidamente las preguntas, en materias ajenas al conocimiento de los jueces como hechos contables o de materia  económica. 

Es una labor ardua, preparar una reforma estructural que abarque todos los aspectos relacionados con la justicia en sí y para ello, se requiere verdadera voluntad política por parte del estado colombiano; el país no aguanta más la falta de una verdadera justicia, en la cual todos tenemos culpabilidad, desde el Congreso en su función legisladora y el gobierno en adecuar las fallas y redireccionar el desarrollo de los procesos. Por cuanto un país sin justicia no goza de real democracia.