Tuvieron que pasar 15 años y un histórico acuerdo de paz, para que los familiares de las víctimas de los falsos positivos de Ocaña comenzaran a ser reparadas, después de ser estigmatizadas por mucho tiempo. Las audiencias públicas de la JEP en las que se encontraron víctimas y victimarios en un mismo escenario, son sin duda alguna un hito en la historia del conflicto en nuestro país. Los hechos protagonizados por integrantes del ejército nacional, presionados por una política del Ministerio de Defensa del primer gobierno de Uribe, que fue desmontada en el segundo período por el entonces ministro Santos, fueron reconocidos por fin por sus responsables en el marco del sistema de justicia transicional. Su comparecencia y solicitud de perdón por estos escalofriantes crímenes, constituyen un avance enorme en materia de verdad, justicia y reparación.
Cuando se acordó en La Habana el sistema de justicia transicional para investigar, condenar y sancionar a los actores armados, que excluye de plano la posibilidad de aministía e indultos para los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, la comunidad internacional aplaudió el esfuerzo colombiano de construir el primer sistema de ese tipo tras la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional. La misma Corte en reiteradas oportunidades ha respaldado a la JEP, en la medida en que se trata de un mecanismo de justicia interna que busca cerrar el conflicto, garantizando los derechos de las víctimas. El uribismo se opuso con vehemencia, con el falso argumento de que se brindaba impunidad a los miembros del secretariado de las Farc por sus crímenes. Esa posición escondía el miedo a que el nuevo sistema de justicia que privilegia la búsqueda de la verdad para las víctimas, terminara confirmando, como en efecto sucedió, la responsabilidad del gobierno Uribe
en el diseño y ejecución de una política que provocó una verdadera masacre de civiles inocentes. 6.402 muertes de inocentes en nombre de la política de seguridad democrática.
Los militares que comparecieron abrieron el camino de la verdad en este doloroso episodio de la violencia en Colombia y la posibilidad de establecer la responsabilidad de los máximos responsables del estado, con las versiones que entreguen ante la JEP. Dudo que Álvaro Uribe sea procesado por los falsos positivos y que alguna vez ofrezca sincero perdón a los miles de familiares de las víctimas de sus decisiones, pero el conocimiento pleno de la verdad es un avance significativo. Solo poco antes de escribir estas líneas pude ver algunos de los testimonios de los victimarios que son tremendamente dolorosos. Minutos después me pregunté, si Uribe en sus momentos de soledad pedirá perdón al Dios que tanto invoca por las consecuencias fatales de sus acciones al frente de las fuerzas militares.
Aún faltan muchas audiencias públicas similares en los macrocasos que la JEP lleva también contra los integrantes del Secretariado de las Farc y los demás cabecillas. Ellos deberán responder ante la justicia transicional y sus víctimas por las atrocidades cometidas. 5 años después de aprobada la creación de la JEP, y a pesar de los obstáculos que colocó este gobierno para su entrada en vigor, los colombianos comienzan a ver los resultados del trabajo del tribunal. En poco tiempo se impondrán las primeras sanciones propias a los miembros de las Farc y los agentes del estado, que deberán ser monitoreadas por la ONU. La verdad duele y en el caso colombiano, con tanta barbaridad cometida por guerrilla, paras y los agentes del estado, esto es un horror total. Sin embargo, es absolutamente necesaria para asumir responsabilidades y avanzar en la reconciliación. Las audiencias de Ocaña esta semana deberían servir para que entendamos que nunca más en Colombia se puede aceptar que desde el Estado se combata la barbarie de los violentos con sus mismos métodos. Si repetimos los mismos errores y se violan los derechos humanos, se pierde la legitimidad moral del Estado para combatir a los terroristas. ¡Nunca más!
